Por. Antonio Gaytán 

Las licitaciones para la asignación de obra se encuentran en el Sistema Compranet, y por ende, bajo el escrutinio de la opinión pública, se trata de un procedimiento sujeto a varias etapas que refrendan la transparencia de la actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respondió la delegación federal a las acusaciones de los diputados locales de Durango.

Fue el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Durango, Esteban Villegas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien denunció que la SCT desplazó a seis constructoras locales en la licitación de un tramo de la carretera a Parral, obra que asignó a una empresa del Estado de México que cobra más caro.

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Y fue el diputado local Iván Gurrola Vega de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quien señaló probable “compadrazgo” en SCT en la entrega de obra carretero, lo que califica como corrupción.

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A través de un comunicado, el Centro SCT respondió que la sociedad duranguense merece todo su respeto en las acciones que lleva a cabo en el ejercicio de los recursos públicos asignados para su aplicación en los distintos programas, en apego a las políticas públicas en beneficio de la entidad, contribuyendo así al desarrollo del país.

Precisó que para el ejercicio 2019 llevó a cabo 123 contrataciones de obra pública, de las cuales 93 se asignaron a empresas locales y 30 a empresas de otras entidades, teniendo como resultado que la mayor derrama económica se quedara de Durango.

Además, aquellas empresas de otras regiones del país, por condiciones contractuales tienen la obligación de contratar mano de obra de la región, con los beneficios que esto conlleva.

Es importante destacar que existen dos métodos de evaluación para comprobar la solvencia de una proposición según lo establece el artículo 63 del Reglamento de la Ley multicitada y que según sea el caso en particular, puede ser por el mecanismo Binario que consiste en determinar la solvencia a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante; y el mecanismo de puntos y porcentajes que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones  a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme la ponderación establecida desde la convocatoria a la licitación pública.