Por: Brenda Maurer  

Derivado de las denuncias presentadas por cinco trabajadores del transporte público, Raúl “N” dirigente del Sindicato de Chóferes y Trabajadores Conexos de Durango (CTM), fue obligado, mediante el ejercicio de la acción penal, a reparar el daño económico que causó a sus agremiados, por  pedirles ilícitamente, un monto total de 775 mil pesos.

De acuerdo a información aportada por la Fiscalía Anticorrupción, el lider de chóferes, les solicitó a los afectados diversas cantidades de dinero, para gestionar ante el gobierno del Estado las concesiones (placas) del servicio público de transporte.

Los denunciantes, narraron a los agentes del Ministerio Público especializados en combate a la corrupción que, en mayo de 2018 tuvieron cada uno, que entregar al citado directivo sindical entre 20 mil y 200 mil pesos, que suman un total de 775 mil pesos;  a fin de que se les otorgara una concesión. Hay que resaltar que, estos permisos tienen un costo de 12 mil 788 pesos, y su pago es en las oficinas recaudadores de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado.

La Fiscalía anticorrupción dará vista a la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General de Transportes del Estado,  de las causas penales desahogadas, para las acciones administrativas que pudieran resultar en la tramitación de concesiones que realizan las organizaciones sindicales del transporte público.

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