La reciente actualización en materia hídrica ha generado dudas entre los usuarios y productores del país, motivo por el cual autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han comenzado a informar sobre el alcance real de las modificaciones. La nueva normativa busca ordenar las concesiones, frenar prácticas indebidas y mejorar la eficiencia en el uso del agua, sin afectar a quienes cuentan con títulos regulares.

Concesiones de agua y su ordenamiento para usuarios

Roberto Delgado, director local de Conagua, explicó que los ajustes a la ley tienen como objetivo evitar el uso indebido, el acaparamiento y el mercado negro. Subrayó que el agua debe ser reconocida como un derecho humano y no como una mercancía, impulsando un manejo más eficiente y justo.

Delgado aclaró que, ante casos de venta o herencia de predios con pozos, la autoridad expedirá un nuevo título de concesiones con el mismo volumen, vigencia y localización, garantizando continuidad para los usuarios. Aseguró que quienes cuenten con sus documentos en regla no tienen motivos para preocuparse.

Recordó que actualmente más de la mitad de los 653 acuíferos del país se encuentran sobreexplotados, por lo que la nueva ley incorpora acciones de saneamiento, tratamiento de aguas y conservación de cuencas altas.

Usuarios agrícolas reciben información sobre derechos y seguridad hídrica

En reuniones informativas realizadas en municipios agrícolas, se han atendido inquietudes relacionadas con la transmisión de derechos, vigencia de títulos y funcionamiento de los mecanismos de renovación. Conagua destacó que continúa otorgando nuevas concesiones y prórrogas conforme a la disponibilidad en cada acuífero.

El director señaló que en 1992 existían alrededor de 2,200 títulos en el país, y hoy la cifra supera los 365 mil, lo que evidencia la necesidad de ordenar el uso del agua y sancionar los aprovechamientos indebidos para proteger a los usuarios actuales y a las generaciones futuras.

La nueva normativa, enfatizó, se orienta a brindar seguridad hídrica, claridad jurídica y mejores prácticas para el uso responsable del recurso, fortaleciendo el futuro ambiental y productivo de las comunidades.

Por: Mónica Haro