Ya son dos años desde la cancelación del recurso que se destinaba a organizaciones y asociaciones sociales en el país. Fue en 2019, cuando ya no recibieron apoyo del Gobierno federal, esto con el argumento de que no ejercían adecuadamente los recursos públicos.

Pero, ¿Qué ha pasado con las asociaciones? En diferentes regiones del país, se han publicado historias sobre la cancelación de las actividades de fundaciones, organizaciones y agrupaciones dedicadas a apoyar a pacientes con cáncer o personas con discapacidad, por mencionar algunas.

Otras han sobrevivido con recursos municipales, estatales o del personal.

La asociación de Padres de Hijos Autistas de Durango, fundada por Dolores Romero, es una de las que ha sobrevivido. Tiene 15 años de trabajo en la capital duranguense.

«Lo que nos alcanzan a dar (recursos municipales o estatales) al menos sirve para la renta, que fue lo que logró sostener todo este año de pandemia», indicó. Pero advirtió que, «el reto viene cuando salgan ahora si los chicos vuelven a recibir la terapia», ya que hay que pagar a los colaboradores.

Hasta 2019, se estimaba que en México existían más de 42 mil organizaciones de la sociedad civil, pero en estos momentos no existe un informe que indique cuantas han cerrado.

Patricia Nava, presidenta de asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva (APADAC), la cual trabaja en el estado de Durango, señaló que ante la necesidad, han tratado de acercarse «al Gobierno federal y decirle que regrese esos programas, que haga la supervisión que tenga que hacer».

Advirtió que la falta de recursos tiene una repercusión grave en la población más vulnerable, en este caso la población con sordera, a la que ya no pueden realizar audiometrías o entregar aparatos.

Por ejemplo, a APADAC han acudido personas que requieren dispositivos que pueden costar entre 20 mil y 50 mil pesos, precisó. Además, es común que los pacientes vayan «al centro de salud y no hay medicamentos», por lo tanto menos existe acceso a una consulta especializada para una audiometría, alertó.

Las asociaciones deben además pagar un sueldo al menos a una parte de su personal, así como pagar renta entre otros gastos que no han dejado de hacer a pesar de todo.

Dolores Romero, refirió que «necesitamos pagar terapeutas, necesitamos comprar materiales didácticos, insumos como luz, teléfono y agua».

En 2019, se tenía documentada la existencia de unas 600 organizaciones no gubernamentales en el estado de Durango. Aunque se desconoce cuántas siguen activas, en los últimos años ha sido común que realicen eventos para reunir fondos para cubrir sus gastos o compra de apoyos para la población que atienden.

La fundadora de la asociación que atiende a personas con autismo y su familia, informó que en este contexto tratan de gestionar ante autoridades federales, «que regresen esos recursos a todo el país».

«No es posible que nos digan que no trabajamos cuando toda la trayectoria está documentada, son proyectos exitosos que tienen que continuar», manifestó.

Las activistas señalan que el regreso de este recurso repercutirá en mejoras entre las personas con alguna condición que los hace vulnerables.

La presidenta señaló que estos proyectos eran trabajos «estructurados», que «no nos los regalaban, sino que nosotros íbamos a las colonias, a hacer audiometrías o donar aparatos».

Uno de los principales argumentos de las presidentas de asociaciones es que justificaban todos los gastos y eran supervisadas, por lo tanto consideran injusto el recorte, que advierten a quien más perjudicó fue a las personas con menos recursos para enfrentar una enfermedad o una condición.

«Nosotros no descansamos, estamos todo el año siempre aquí al pie del cañón, haya o no recursos seguimos de pie», concluyó Patricia Nava.