La nueva Ley de Aguas ha generado preocupación entre productores del campo en Durango, quienes advierten posibles afectaciones a sus derechos históricos de acceso al agua. En este contexto, el dirigente del PAN en el estado, Mario Salazar, anunció que su partido impulsará acompañamiento jurídico y amparos para los campesinos que consideren vulnerados sus derechos con la reciente normatividad aprobada a nivel federal.

Campesinos de Durango buscan defender derechos de agua

Salazar señaló que la ley centraliza decisiones sobre el uso y control del agua, lo que —desde su perspectiva— podría dejar en situación de incertidumbre a familias que por generaciones han trabajado la tierra y mantenido sus pozos, sistemas de riego y fuentes de abastecimiento. Indicó que muchos productores han invertido recursos propios para garantizar el suministro necesario para sus cultivos y temen perder la certeza jurídica sobre ese acceso.

El dirigente afirmó que uno de los puntos más sensibles es que la autorización para uso del agua podría convertirse en permisos sujetos a renovación y decisiones administrativas centralizadas, lo que generaría inquietud entre los sectores agrícolas, industriales y domésticos.

PAN anuncia apoyo jurídico ante nueva Ley de Aguas

Ante este escenario, Mario Salazar anunció que el PAN pondrá a disposición de los productores un acompañamiento legal para promover amparos, con el propósito de salvaguardar el acceso al agua en sus actividades productivas. Aseguró que respaldarán a quienes quieran acudir a instancias judiciales para mantener sus derechos adquiridos y proteger su actividad económica.

El dirigente reiteró que defenderán a los productores del campo de Durango que se vean afectados por la implementación de la ley y enfatizó que el acceso al agua es fundamental para la productividad, el empleo rural y la economía regional. También llamó a que se escuche a quienes trabajan diariamente la tierra y enfrentan los retos derivados del clima, la inversión y la operación de pozos y sistemas de riego.

Con esta postura, el PAN busca abrir una ruta de defensa jurídica para los agricultores inconformes con la nueva regulación, mientras el debate público continúa en torno a los alcances y efectos de la legislación en todo el país.

Por: Mónica Haro