Por: Nallely Urbina

Los hijos de María Chamorro, sobreviviente de violencia extrema, podrán estudiar como siempre desearon.

Grupo Garza Limón le presentó su historia, misma en la que la violencia y la pobreza se conjuntaron y provocaron la violación de los derechos de sus tres hijos.

María sufría violencia con su expareja quien le prohibió hasta registrar a los niños. Ya tienen 10, siete y seis años, edades de cursar primaria, pero no están en ninguna escuela.

Tras la publicación del caso, personal del DIF estatal acudió a la vivienda de la familia, e informaron que está en proceso la restitución de los derechos de las víctimas.

El subprocurador de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Carlos Cardoza, indicó que confirmaron que se violentaba el derecho a la identidad y educación.

Por esto se «generó el plan y vamos a solicitar a las instituciones, al Registro Civil y Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), nos apoyen para restituir los derechos», dijo.

Como María narró, luego de sobrevivir a diversos tipos de violencia logró separarse del victimario, pero la situación económica fue el siguiente obstáculo a superar.

Debía, entre otros trámites, pagar las actas de inexistencia que de acuerdo con la página del Registro Civil del Estado tiene un costo de 237 pesos. Cantidad que ella tiene que multiplicar por tres.

Pero además realizar un registro extemporáneo cuesta 526 pesos, asimismo se cobra una penalización, con lo que el trámite podría superar los mil pesos por niño.

Pobreza, principal causa de niños sin identidad

La pobreza es la principal causa de que existan niños sin identidad.

Las familias que por alguna razón no registraron en los primeros meses del niño, suelen dejarlo pasar debido a falta de dinero.

Derecho a la identidad

Tener una identidad es un derecho fundamental, ya que permite que niñas y niños accedan a otros derechos como servicios de salud, educación y protección.

Sin embargo, de acuerdo con Unicef en nuestro país hay al menos un millón de personas de todas las edades sin  registro de nacimiento.

De esta cantidad, 600 mil son niñas, niños y adolescentes.

En el caso de los expedientes documentados por el DIF estatal, el factor que predomina es la pobreza, afirmó Juan Carlos Cardoza, subprocurador.

«La característica principal es la extrema pobreza», las personas no tienen dinero para poder llevar a cabo el trámite, refirió.

Carecer de acta de nacimiento puede convertirse en un factor de exclusión como lo explica Unicef. No obstante, en Durango un 15 por ciento de los casos de omisión de cuidados presentan este riesgo.

De acuerdo con el subprocurador, el 40 por ciento de todos los reportes que reciben por omisión de cuidados se comprueban y en el 15 por ciento de ellos se identifica la vulneración de derecho a la identidad y a la educación.

Por ello aseguró que constantemente realizan un diagnostico para determinar si se vulneran los derechos de los niños y apoyar a los padres, sobre todo cuando viven en pobreza.

Una de las localidades más vulnerables en este sentido es Mezquital, puntualizó. «Por la misma característica del lugar en el que se encuentran; existen programas para llevar a cabo el registro de los niños», respondió.

Unicef reconoce que la falta de registro puede convertirse en un factor de peligro para que las niñas y niños sean expuestos con más facilidad a peligros como ser víctimas de trata de personas. Otro riesgo son los matrimonios forzados, adopciones ilegales y reclutamiento forzado.