Los niños, niñas y adolescentes que sobreviven a una situación de violencia intrafamiliar y quedan en orfandad por el feminicidio de su madre, viven una doble o incluso, triple violencia porque quedan en la desprotección del estado.

En algunos casos, los padres enfrentan a la justicia tras cometer el crimen. Otras, huyen para evitar ser detenidos; pero en ciertas situaciones, los homicidas también deciden acabar con su vida.

La orfandad de los niños, niñas y adolescentes los coloca en un estado de indefensión en la que experimentan múltiples problemas psicológicos, como el estrés postraumático que les impide llevar su vida con normalidad si no es atendido con urgencia, esto lo explicó Nora Erika Esparza Flores, experta en terapia familiar:

“Lo primero es que hay un trauma y una situación de estrés postraumático, donde se puede presentar desde problemas físicos como: palpitaciones, sudoración o que algún estímulo le recuerde esa situación de trauma que vivió. Son niños, niñas que han vivido situaciones difíciles y que el feminicidio de su madre, es la culminación máxima de esta violencia”, por lo que recomendó que tengan un soporte familiar lo suficientemente sólido para que puedan recuperarse después de este trauma.

¿Vulneran sus derechos humanos?

Y es que la revictimización a la que son sometidos los huérfanos los coloca en diversos escenarios en los que se vulneran sus derechos humanos, tal como lo plantea Álvaro Rodríguez Alcalá, doctor en derecho y magistrado presidente del Tribunal de Menores Infractores:

“La primera es por el hecho delictivo, la segunda es por las instituciones y la tercera, en ocasiones, por la propia sociedad. Por ejemplo, hay una protección importante de los niños, niñas y adolescentes, que es el derecho a la protección a su intimidad, donde los operadores jurídicos, las autoridades y los adultos deben reservar este tipo de información, pues no es algo que no se debe divulgar en los escenarios donde participan los niños para que no padezcan esa victimización terciaria por los compañeros, maestros o por la comunidad en la que vivan”.

En 2021, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lanzó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, en el que se “reconoció que este sector en condición de orfandad por feminicidio u otro homicidio analizado con perspectiva de género, de sus madres o cuidadoras, transitan en una condición de desamparo y vulnerabilidad… por lo que requieren de protección del estado para desarrollar todas sus capacidades y potencial”, indicó el instrumento.

Existe una protección de Ley…

En este documento se obliga a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a proteger los derechos de los huérfanos a través de una ruta de atención.

Esto implica realizar un registro de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, la atención y protección inmediata por parte del Ministerio Público y de las autoridades con el acompañamiento de la procuraduría.

También deben recibir atención médica, apoyo psicológico de emergencia, representación jurídica, la emisión de medidas de protección para una restitución de sus derechos y, de ser necesario, su canalización a un centro de atención del Sistema Nacional del DIF o privado.

Guadalupe Soto Nava, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Durango, reconoció que prevalece la violencia intrafamiliar donde los más afectados resultan las infancias:

“Desafortunadamente es un tema que no desconocemos en Durango, que quisiéramos que no existiera y que lo hubiéramos erradicado, pero sigue existiendo. Después de la pandemia, se encrudeció todavía más que fue tal vez una secuela o una secuela de lo que nos dejó esta convivencia o esta crisis de esta enfermedad”.

En 2019 el estado mexicano reconoció únicamente a 238 huérfanos por feminicidio que habían recibido atención integral, y de estos solo seis fueron reportados por Durango; y aunque se puso en marcha este protocolo de actuación, las autoridades locales no han logrado tener una atención integral que brinde el apoyo necesario a estas infancias, por lo que a nivel nacional únicamente Coahuila y Jalisco han realizado programas para atender a este sector vulnerable.

“A nivel nacional sí existe un protocolo que se supone, debería de atender de manera inmediata en cada uno de los estados, de estas instancias que existen. La primera es la Fiscalía General del Estado, (y la segunda) es la Procuraduría de la Defensa del Menor.

Que más me gustaría que tuviéramos los nombres de cada uno de estos niños, estamos mandando un oficio a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría (de la Defensa del Menor) para tratar de canalizarlos, porque quisiéramos que quedaran atendidos. No sé por qué se perdió el contacto o porque razón no continúan con su atención psicológica”.

La titular del Sipinna sabe que tras un feminicidio son las abuelas, tías o personas que forman parte del círculo familiar quienes enfrentan las necesidades económicas, afectivas y psicológicas para sobrellevar una pérdida como la de la madre de familia.

“Estos niños en caso de orfandad pierden todo porque ya no pueden quedarse con su padre, porque debe cumplir con una condena o porque huyó. Lamentablemente los niños se quedan con personas o con la familia que muchas veces no cuentan con la solvencia económica y ahí está el estado, porque debe procurar esta atención”.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 ocurrieron en el país 947 feminicidios, en los cuales la mayoría de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años.

En Durango, de enero a agosto de este 2023, se documentaron cinco feminicidios; aunque existen algunas muertes dolosas de mujeres que están en investigación para determinar si podrían ser clasificadas como feminicidios o no.

Por: Karla Tinoco