El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango informó que, de los 113 deudores alimentarios registrados, únicamente uno ha cumplido con sus obligaciones. Esta cifra alarmante pone de relieve la necesidad urgente de reforzar las medidas legales y sanciones para garantizar el derecho a la pensión alimenticia.

Gerardo Bonilla Saucedo, representante del tribunal, detalló que aún no entran en vigor las reformas que permitirán sancionar a los deudores, como negar licencias o impedir traspasos de dominio. Estas medidas se implementarán una vez que se adopte el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, estimado para entrar en vigor, salvo cambios legislativos.

Actualmente, el tribunal maneja alrededor de 16 mil asuntos, de los cuales el 40 por ciento corresponde al ámbito familiar. De ese porcentaje, aproximadamente el 70 por ciento son casos de divorcio, muchos de ellos con solicitudes de pensión alimenticia. Sin embargo, no todos los involucrados caen en morosidad grave; algunos presentan retrasos menores de 15 días o un mes.

El tribunal exhorta a las personas en situación de incumplimiento a notificar a los juzgados para mantener actualizado el registro de deudores alimentarios. Mientras tanto, se estudian posibles reformas a nivel estatal que permitan aplicar sanciones antes de la entrada en vigor del nuevo código nacional.

Por: Mónica Haro