Durango, Durango.- La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentó una orden de aprehensión en contra del licenciado Antonio “N”, quien se desempeñó como Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario es señalado por su presunta participación en una red que habría desviado más de cinco mil millones de pesos mediante contratos presuntamente simulados relacionados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Antonio “N” tiene antecedentes laborales en Durango, ya que durante el año 2006 fue director del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número Uno. Posteriormente ocupó la dirección del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 7, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria, además de desempeñarse como director del complejo penitenciario de las Islas Marías.

Según las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el exfuncionario presuntamente formaba parte de una estructura encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en la que habrían participado familiares, colaboradores y empresas fachada para el desvío de recursos públicos.

La captura se realizó en la colonia Anáhuac, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo, las autoridades le aseguraron dos mil 500 dólares estadounidenses, 36 mil 590 pesos en moneda nacional, diversas identificaciones presuntamente apócrifas con diferentes nombres y varios teléfonos celulares.

Tras su detención, Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para esclarecer el destino de los recursos presuntamente desviados y la posible participación de otras personas en estos hechos.

Cabe señalar que, de conformidad con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.