Gómez Palacio, Durango.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Humberto Gerardo “N”, por su probable responsabilidad en hechos que la ley señala como constitutivos del delito de cohecho.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima es una persona adulta mayor que acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio para recibir recursos económicos derivados del cumplimiento de un laudo laboral favorable.

Las investigaciones establecen que el afectado recibió un cheque por la cantidad de 110 mil pesos, correspondiente al pago ordenado dentro del procedimiento laboral.

Posteriormente, presuntamente se le indicó que debía entregar dicho recurso a Humberto Gerardo “N”, quien en ese momento se desempeñaba como encargado del área laboral de la Subdirección Jurídica del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio.

Según los actos de investigación realizados por la FECCED, el imputado acompañó al adulto mayor a efectuar el retiro bancario del dinero. Sin embargo, una vez obtenidos los recursos, únicamente le habría entregado 5 mil pesos, presuntamente quedándose con los 105 mil pesos restantes.

Con base en los datos de prueba recabados, la Fiscalía Especializada presentó la información ante un juez, quien autorizó la orden de aprehensión correspondiente.

La orden judicial fue cumplimentada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, quienes pusieron al detenido a disposición de la autoridad jurisdiccional competente.

Actualmente, Humberto Gerardo “N” permanece sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en tanto se desarrolla el proceso penal y se determina su situación jurídica.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por una autoridad judicial que determine su responsabilidad.