Durango, Durango.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) informó sobre la detención de Antonio “N”, quien se desempeñó como tesorero municipal de Gómez Palacio durante la administración 2019-2022, por su probable responsabilidad en hechos que la ley considera constitutivos del delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, en agravio del patrimonio del municipio lagunero.

De acuerdo con la dependencia, la captura se realizó en el municipio de Torreón, Coahuila, mediante un operativo coordinado entre agentes de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General de Coahuila, elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción de Durango y del Mando Especial de La Laguna.

Las autoridades señalaron que la acción derivó de los mecanismos de colaboración interinstitucional para el cumplimiento de mandamientos judiciales, logrando así la localización y aseguramiento del imputado para ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Según las investigaciones realizadas por la FECCED, Antonio “N”, en su calidad de tesorero municipal, tenía bajo su responsabilidad la administración, manejo y disposición de los fondos públicos del Municipio de Gómez Palacio, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Las indagatorias permitieron establecer que presuntamente libró 291 cheques a favor de distintos servidores públicos municipales por concepto de indemnización de despido, sumando un monto total de 17 millones 953 mil 386 pesos.

De acuerdo con los datos de prueba recabados, dichos pagos serían ilegales debido a que la legislación establece que las indemnizaciones constitucionales únicamente proceden en casos de despido injustificado y mediante convenio celebrado por escrito, por lo que estas acciones habrían ocasionado un daño económico al patrimonio público municipal.

Tras ejecutarse la orden de aprehensión, Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho. La Fiscalía recordó que, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona imputada debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad correspondiente.