Pueblo Nuevo, Durango.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Víctor Hugo “N”, quien es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Abandono del Servicio Público.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado se desempeñó como director del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIDEAPAS) del municipio de Pueblo Nuevo. Las indagatorias establecen que el 3 de agosto de 2021 presentó su renuncia al cargo; sin embargo, presuntamente omitió entregar diversa documentación oficial que se encontraba bajo su resguardo y responsabilidad.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre los documentos que no habrían sido entregados se encuentra información relacionada con recursos económicos, obra pública, estados financieros, cuentas bancarias, contratos, convenios, expedientes técnicos, presupuestos, pasivos, archivos administrativos e históricos, además de otros documentos considerados indispensables para la operación del organismo.

Las investigaciones señalan que la falta de entrega de esta documentación habría generado afectaciones al funcionamiento administrativo de la dependencia y dificultado la atención de observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Durango.

Tras la ejecución de la orden de aprehensión, Víctor Hugo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a las etapas procesales establecidas en la legislación vigente.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción indicó que continuará con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley en materia de responsabilidades de servidores públicos.

Cabe señalar que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución y en el sistema penal mexicano, toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por una autoridad judicial competente que determine su responsabilidad.