Gómez Palacio, Durango.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Deisy “N”, por su probable responsabilidad en hechos que la ley señala como constitutivos del delito de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 338 del Código Penal del Estado de Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima es una persona adulta mayor que acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del municipio de Gómez Palacio para recibir recursos económicos derivados de un laudo laboral emitido a su favor.

Según las indagatorias, mientras la víctima se encontraba en las instalaciones de dicha dependencia, presuntamente Deisy “N”, quien se desempeñaba como secretaria de Acuerdos, le indicó que debía acudir a una institución bancaria para retirar la cantidad de 110 mil pesos que le habían sido otorgados como resultado del procedimiento laboral.

La investigación establece que posteriormente la entonces servidora pública acompañó a la víctima a realizar el retiro bancario y, presuntamente, se apropió de manera indebida de 85 mil pesos del monto obtenido.

Derivado de las investigaciones realizadas, la FECCED integró la carpeta correspondiente y presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados, mismos que permitieron la obtención de una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

Tras su detención, Deisy “N” fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional competente, que determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación jurídica conforme a las etapas previstas por la ley.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que continuará con las investigaciones correspondientes dentro del proceso penal.

Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad.