Durango, Durango.- La práctica conocida como «halconeo», utilizada para vigilar y reportar los movimientos de las corporaciones de seguridad a integrantes de grupos delictivos, ya constituye un delito grave en Durango.

Con la entrada en vigor de las reformas al Código Penal del Estado, quienes incurran en esta conducta podrán enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, especialmente cuando se trate de servidores públicos o cuando se involucre a menores de edad.

Las modificaciones fueron publicadas el 25 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado y ya forman parte de la legislación vigente disponible en la página del Congreso del Estado.

Aunque el decreto fue emitido desde finales del año pasado, las nuevas disposiciones comenzaron a aplicarse apenas hace unos días.

Las reformas establecen cambios al artículo 228 del Código Penal del Estado de Durango, el cual sanciona a toda persona que vigile, obtenga o proporcione información relacionada con las instituciones de seguridad con el propósito de alertar a terceros para facilitar la planeación o comisión de actividades delictivas.

La medida responde al incremento de personas que, a bordo de motocicletas o vehículos, monitorean los desplazamientos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad.

Para los ciudadanos particulares que sean sorprendidos realizando labores de «halconeo», la legislación contempla penas de tres a siete años de prisión, además de multas que van de dos mil 932 pesos con 75 centavos hasta 11 mil 731 pesos.

Las sanciones se incrementan considerablemente cuando en la conducta participan policías, ministerios públicos, jueces o cualquier otro servidor público, así como en los casos en que se utilicen menores de edad o recursos oficiales para cometer el delito.

 En estas circunstancias, las penas van de 10 a 20 años de prisión y las multas oscilan entre 84 mil 463 y más de 168 mil 926 pesos.

De acuerdo con las autoridades, estas reformas tienen como finalidad fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad y debilitar las redes de vigilancia utilizadas por grupos criminales para anticipar y evadir los operativos realizados por las corporaciones encargadas de la seguridad pública.