Un exservidor público del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pueblo Nuevo (SIDEAPAS) fue sentenciado por el delito de abandono del servicio público, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) acreditó su responsabilidad durante el proceso penal.

El sentenciado es José Manuel Rangel Sierra, quien ocupaba el cargo de asesor jurídico dentro del organismo operador de agua potable y recibía un salario por el desempeño de sus funciones.

Las investigaciones realizadas por la FECCED establecieron que, desde el 1 de septiembre de 2025, el exfuncionario dejó de asistir a su centro de trabajo sin causa justificada. Además, no presentó su renuncia ni notificó a sus superiores sobre su ausencia, incumpliendo con las obligaciones inherentes al cargo que desempeñaba.

La indagatoria también permitió demostrar que José Manuel Rangel Sierra se retiró de sus funciones sin efectuar la entrega formal de los expedientes, documentos, bienes y demás responsabilidades que permanecían bajo su resguardo, situación que afectó la operación y continuidad del servicio público. A pesar de ello, continuó percibiendo la remuneración económica correspondiente a su puesto.

Como parte del procedimiento, en mayo del presente año agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial para que enfrentara el proceso penal.

Una vez valoradas las pruebas presentadas por el Ministerio Público especializado, el órgano jurisdiccional emitió una sentencia condenatoria por el delito de abandono del servicio público, previsto y sancionado por el artículo 330 del Código Penal vigente para el Estado de Durango.

La resolución establece una pena de un mes y 15 días de prisión, además del pago de una multa por mil 18 pesos con 26 centavos. Asimismo, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño por la cantidad de 18 mil 693 pesos.

Con este fallo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que mantiene las acciones para investigar y sancionar conductas que afecten el correcto desempeño de la función pública, con el propósito de fortalecer la legalidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el estado.