Durango, Dgo.- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó, que ya fueron sentenciados   Marcos Rodríguez Arenas y Ricardo Benjamín Aguilar Cazares, por el delito de secuestro  y homicidio en perjuicio de quienes en vida respondieran a los nombres de Óscar Ávalos Tralleros y su hijo Óscar Ávalos Chacón, de 56 y 22 años de edad respectivamente, los que se desempeñaban como agentes del Ministerio Público.

Según relata la institución que fue el día 30 de noviembre del 2012,  cuando los fiscales Avalos Tralleros y Avalos Chacón se encontraban al exterior de una tienda de conveniencia ubicada en una de las calles de la colonia Chapala, en Gómez Palacio, lugar al que llegaron Marcos y Ricardo en dos vehículos marca Nissan, línea Sentra, color dorado, modelo atrasado, y el otro tipo Tiida, para enseguida, con lujo de violencia secuestrarlos.

Minutos más tarde, en los automóviles citados los trasladaron a las inmediaciones del poblado La Polvareda, donde al interior de un domicilio los asesinaron y decapitaron.

Ya por la noche, aproximadamente a las 22:00 horas transportaron los restos de los  funcionarios públicos hacia las inmediaciones del periférico y bulevar Ejército Mexicano de Lerdo, donde los abandonaron y enseguida se dieron a la fuga.

Después de lo anterior, familiares de las víctimas acudieron ante la Vicefiscalía de la Región Lagunera para interponer la formal denuncia, posteriormente agentes investigadores adscritos a la Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS), comenzaron con las indagatorias correspondientes y tiempo después  logrando ubicar  a Marcos, quien se encontraba internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno por una causa penal diversa, girándole orden de aprehensión por el delito referido.

Al continuar con las investigaciones del caso, el 12 de marzo del 2018 fue localizado y detenido  Ricardo en la ciudad de Tijuana, Baja California, posteriormente lo  trasladaron a la ciudad de Durango y confinaron en el mismo reclusorio.

Finalmente, los elementos de prueba que integraron la carpeta de investigación elaborada por el agente del Ministerio Público adscrito a la UECS, fueron un factor contundente para que el Juez de Control y Enjuiciamiento les dictara una condena de 40 años de prisión, al pago de una multa por 245 mil 520 pesos como reparación del daño, un millón 100 mil 376 pesos.