Por: Eduardo Ortega

Desde hace más de un año, la figura de Rubén Rocha Moya no ha dejado de estar en la palestra nacional. Su nombre aparece una y otra vez asociado a los señalamientos derivados de la crisis de violencia que vive Sinaloa y a las sospechas sobre la presunta cercanía entre el poder político y el crimen organizado. Lo único novedoso en los últimos días fue su reaparición, no física, sino a través de su cuenta de X, donde aseguró que, desde el pasado primero de mayo, permanece en su domicilio de Culiacán; que no cuenta con protección de ninguna corporación federal y que es víctima de una “atroz embestida mediática”, basada, según sus propias palabras, en calumnias e imputaciones sin sustento. Incluso fue más allá al sostener que todo forma parte de un ataque dirigido a debilitar a la #CuartaTransformación.

Antes de entrar al terreno político o mediático, conviene hacer una precisión jurídica. Hasta este momento no puede afirmarse que el Gobierno de México esté protegiendo a Rocha Moya. La Fiscalía General de la República ha sido clara al señalar que el gobierno de los Estados Unidos no ha presentado las pruebas necesarias para iniciar un procedimiento de extradición. Mientras esos elementos no existan, tampoco existe la posibilidad legal de actuar. Así de simple. El Estado mexicano no puede construir un proceso penal únicamente a partir de declaraciones o versiones periodísticas, por más contundentes que éstas parezcan.

Sin embargo, la política no siempre camina al mismo ritmo que la justicia. Hay cosas que simplemente resultan difíciles de creer. Nadie puede pensar seriamente que un gobernador de Sinaloa desconociera durante años la realidad de su estado. Más aún cuando el periodista Salvador García Soto reveló que el propio Rocha Moya habría reconocido que esa entidad no puede gobernarse sin el respaldo de esos grupos. Si esa versión es parte de una conversación real, explica mucho de lo que los sinaloenses han padecido durante años. No constituye una prueba judicial, pero sí genera una percepción mediática que difícilmente desaparecerá con un simple mensaje publicado en su cuenta de X.

El querer presentarse ahora como perseguido político tampoco lo ayuda mucho. En México parece haberse vuelto costumbre que todo político señalado, ya sea por presuntos actos de corrupción o por posibles vínculos con la delincuencia organizada, responda acusando una campaña de difamación por parte de sus enemigos. En lugar de enfrentar los cuestionamientos, traslada el debate hacia las supuestas intenciones de quienes lo señalan. Rocha Moya sostiene que el objetivo es golpear a la #CuartaTransformación, pero esa explicación resulta insuficiente e inverosímil cuando las acusaciones no provienen solamente de sus adversarios, sino también de muchos de sus correligionarios y de las dudas que han generado sus propias acciones, mismas que él ha sido incapaz de disipar.

Y aquí es donde, a mi juicio, aparece el verdadero tema de fondo. Rocha Moya no es un caso aislado dentro de MORENA. Existen otros personajes cuyos nombres aparecen de manera recurrente acompañados de señalamientos que, independientemente de que no hayan derivado en responsabilidades penales, tampoco permiten afirmar que todo sea producto de la imaginación. Ahí están Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Américo Villarreal y algunos más que forman parte de una lista cada vez más amplia de figuras incómodas para el movimiento. Si no existen pruebas suficientes para condenarlos, tampoco puede decirse que no existan dudas razonables sobre su actuación. Y en política las dudas también cobran factura.

Por eso considero que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene frente a sí una oportunidad que probablemente ningún otro presidente haya tenido al inicio de su mandato. Convertirse en el filtro que permita separar a quienes llegaron a MORENA convencidos de los principios de la #CuartaTransformación de aquellos que únicamente encontraron en el movimiento un vehículo para alcanzar el poder. Porque sería profundamente injusto que un proyecto político construido bajo las banderas de la honestidad terminara perdiendo credibilidad por culpa de quienes nunca compartieron esos valores y sólo cambiaron de camiseta para seguir haciendo la misma política de siempre.

No son pocos. Los hay en gubernaturas, en las cámaras del Congreso de la Unión, en congresos locales, en presidencias municipales, regidurías y prácticamente en todos los niveles de gobierno. Durante sus campañas presidenciales de 2006 y 2012, Andrés Manuel López Obrador fue mucho más cuidadoso al integrar a quienes lo acompañaban en su proyecto. Sin embargo, para la elección de 2018 la prioridad fue construir una mayoría electoral y las puertas de MORENA se abrieron prácticamente para todos. Entró gente de dulce, de chile y de manteca; cualquiera que aportara votos tuvo cabida. Muchos de ellos jamás hicieron suyo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso, cuando algunos de ellos repiten ese principio, más que una convicción, parece una blasfemia.

La presidenta no necesita salir a defender a nadie. Lo que necesita es defender la credibilidad del movimiento que hoy encabeza. Si realmente pretende consolidar el segundo piso de la #CuartaTransformación, tendrá que hacer una criba profunda, aunque eso implique desprenderse de personajes con peso político. Porque el mayor riesgo para MORENA no está en la oposición. Está en quienes desde dentro han ido desgastando la autoridad moral que durante años distinguió al movimiento. Si esa limpieza comienza ahora, la Cuarta Transformación llegará fortalecida. Si se pospone por cálculos políticos, entonces el tiempo terminará haciendo una depuración mucho más costosa.