Por: Juan Alberto Esquivel

…y no buenas razones, nos dice la sabiduría popular y, como siempre, la realidad la confirma.
Hace unos días, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer los resultados de la investigación que realizó a través de su Índice de Riesgos de Corrupción, en el cual identificó a las instituciones federales que, en 2020, favorecieron a las adjudicaciones directas en lugar de convocar a procesos para la licitación pública en las compras que realizaron.
¿Esto qué significa? Todas las dependencias de la administración pública federal necesitan -y compran- bienes y servicios, desde lápices y hojas de máquina hasta la construcción de grandes obras de infraestructura y desde servicios de limpieza o vigilancia hasta evaluaciones integrales de las políticas de estado aplicadas. Estas adquisiciones, en promedio, significan algo así como 300 mil millones de pesos al año en unos 150 mil contratos y durante muchos años, quedaba al gusto -o, mejor dicho, interés- del funcionario con poder la decisión de quien sería el proveedor y, naturalmente, florecieron el compadrazgo, la corrupción y las obras que se hicieron mal o nunca se hicieron, pero que sí se cobraron y muy bien, que caracterizan a la administración pública mexicana desde que eramos conocidos como virreinato de la Nueva España.
Para limitar un poco esta rampante corrupción, desde hace unos 40 años se establecieron lineamientos y se promulgaron leyes que precisaron los procedimientos para la adquisición de obras y servicios mediante licitaciones públicas. Esto es, se debe publicar entre los posibles proveedores el detalle de lo que se pretende adquirir y convocarlos para que, en su momento, presenten sus ofertas detallando precios y aspectos técnicos y, así, se seleccione al proveedor más eficiente y no al cuate del funcionario. Y, posteriormente, la dependencia compradora debe poner a disposición del escrutinio público todos los detalles del contrato celebrado, así como los avances en su ejecución.
Si con los mecanismos de control existentes -y que si se aplican- se han cometido las inmensas transas que hemos conocido en los últimos años, imagínate, paciente lector, lo que era cuando las compras se hacían por adjudicación directa.
Por eso es de esperarse que en una administración pública que se basa en grandes discursos en contra de la corrupción, no solo se aplique estrictamente la Ley al respecto, sino que hasta se perfeccionen sus procedimientos pero, ¿qué crees?, sucede exactamente lo contrario.
Cito al IMCO: «Entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 247 instituciones federales (59 por ciento) por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la Ley.»
Y cito algunos botones de muestra:
«Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), empresa de propiedad estatal, asignó el 98 por ciento del monto destinado a compras públicas por (…) adjudicación directa, es decir, más de tres mil 800 millones de pesos gastados sin concurso
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75 por ciento del monto total en 2020.
La Secretaría de Marina no destinó recursos por licitación pública en 2020, sino que, adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (25 por ciento)
Mientras que en la Secretaría de la Función Pública (…) solo uno de cada diez pesos gastados en compras, se destinó a procesos de licitación pública.»
Y en cambio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y «los organismos constitucionales autónomos como (…) el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas.»
Si estos datos, que están disponibles en la página web del IMCO, se hacen públicos, te apuesto que en sus mañaneras el señor López declarará a esta institución como «inservible» o algo por el estilo.
¿O qué opinas, paciente lector?