Por: María de Lourdes López Salas

 “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, familiares de los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa

El caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se da entre los días 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde se cometió una serie de ataques en su contra.

De acuerdo con diversas versiones, el grupo de estudiantes se trasladaba de Iguala para “tomar” autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Luego se conoció que los estudiantes fueron agredidos por policías municipales para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso al transporte con la ayuda de otras corporaciones y de civiles.

Fue así como presuntamente detuvieron a 43 normalistas, quienes desaparecerían y de los cuales, hasta este momento, a casi ya 10 años, aún no se sabe bien a bien qué fue lo sucedido ya que hay diversas versiones, destacando el hecho de que fueron los policías municipales, con el apoyo de integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron.

El caso es que hasta este momento de los estudiantes no se saben dónde están, sin embargo, el actual Gobierno federal desde el inicio de su administración se comprometió a resolver el asunto, situación que no ha sucedido.

El 29 de diciembre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, dio a conocer que, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024, el Gobierno de México abriría el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano.

Aparentemente, la pretensión del Gobierno federal es poner a disposición de los padres y madres de familia de los jóvenes desaparecidos la documentación del caso en su poder, esto es generar una apertura institucional y por supuesto transparentar los documentos.

Pese a esa disposición gubernamental, los familiares de los estudiantes rechazaron tal decisión debido a que exigen que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregue 800 folios que fueron detectados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el personal castrense se niega a proporcionar.

Para las familias afectadas por la desaparición de los jóvenes, se deben abrir los documentos en poder de la Sedena que fueron elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército, que cuentan con un número de identificación (folio) y que contienen datos concretos sobre lo ocurrido con los normalistas, esos son los datos que quieren que se revelen.

Lo que se señala es que de nada sirve que se transparenten los otros documentos porque, si se quiere que ejerza el “derecho a la verdad”, es indispensable saber el contenido de los documentos que tiene el Ejército, ya que, en algunos, por ejemplo, se menciona que 17 estudiantes fueron llevados la noche del 26 de septiembre de 2014 a un lugar fuera del municipio de Iguala, Guerrero, donde los habrían privado de la vida.

Datos como esos en los folios del Ejército son los encontrados en las investigaciones que hasta el año pasado realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de los cuales no se quiere abrir para conocerlos y por eso la exigencia de su apertura.

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