Por: María de Lourdes López Salas

En el INAI se enfrentará un gran desafío para fortalecer el marco de garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales desde un organismo autónomo con capacidades técnicas, ajenas a cualquier interés político-partidista: Blanca Lilia Ibarra, comisionada y expresidenta

En este año 2024 que recién está comenzando habrá retos y desafíos que las instituciones y organismos deberán enfrentar, por lo que es necesario hacer una reflexión en la materia de la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en México y a nivel local.

El año estará marcado por un proceso electoral que, de acuerdo con las autoridades del ramo, es el más grande en la historia del país, no solo porque se pone nuevamente a prueba el funcionamiento de las autoridades que velarán porque todo marche correctamente.

Tomando en consideración que estamos en un proceso que supondría el fortalecimiento de la democracia y uno de los factores para ello son el ejercicio de otros derechos como el de la liberad de expresión y el derecho a la información, es indispensable abordar este último punto.

El rechazo a los órganos constitucionales autónomos, de manera sistemática por parte del presidente de la República, es una realidad que ha prevalecido en estos más de cinco años de la actual administración federal, lo que ha generado señalamientos directos al INE, al INAI, a la Cofetel, incluso hasta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante el 2023, el INAI, como órgano garante de la transparencia, aun cuando funcionó porque así lo determinó la Corte, sigue estando incompleto ya que el Senado de la República, sigue sin nombrar a tres comisionados.

Lo que representa un gran desafío, como lo han reconocido los cuatro comisionados que integran al INAI, es que debe hacerse un análisis profundo y serio del funcionamiento de este organismo, luego de los señalamientos y denuncias que se revelaron en los últimos cuatro meses del año pasado reflejando una serie de presuntas irregularidades en el manejo interno.

La característica de los órganos constitucionales autónomos de ninguna manera implica que pueden utilizar incorrectamente los recursos públicos y aun cuando hay una revisión de parte de la autoridad fiscalizadora que analizar el actuar financiero a nivel local y nacional estos organismos, el problema radica en otros aspectos.

Los órganos garantes de la transparencia deben actuar bajo los estrictos principios constitucionales, pero sobre todo con ética y honestidad, es necesario que dejen de ser “agencias de colocaciones” de amigos, parientes, recomendados, poniendo en entredicho el verdadero servicio civil de carrera o lograr ascenso por méritos y nos amiguismos o compadrazgos.

Es un buen momento para hacer un análisis de ello no solo a nivel nacional, sino en los niveles locales, puesto que el ejercicio del derecho a la información, la transparencia y la protección de datos no podrán ser garantizados ante la amenaza reiterada de que esos organismos no funcionan y deben desaparecer ante los señalamientos de que los dineros del presupuesto se malgastan.

Esperemos que haya una reflexión profunda sobre estos hechos que son innegables porque no se pueden permitir regresiones en el ejercicio de estos derechos que tanto nos han costado como sociedad.

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