En conferencia de prensa al salir del tribunal, Lichtman señaló que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, habría solicitado la extradición de Guzmán López a territorio mexicano. No obstante, aclaró que la administración federal no participó en la negociación del acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos.

“El Gobierno mexicano no fue parte del proceso de negociación. Y, como ha señalado la presidenta Sheinbaum, corresponde a Estados Unidos dar a conocer toda la información sobre estos casos”, expresó el abogado.

El defensor subrayó que aún no se han revelado todos los términos del acuerdo entre su cliente y el Departamento de Justicia estadounidense, dejando abierta la posibilidad de nuevos elementos que podrían surgir en el proceso legal contra el presunto exlíder de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Respecto a si el acuerdo incluye a otros miembros de la familia Guzmán, Lichtman fue claro: “La reubicación reciente de algunos familiares a Estados Unidos no forma parte de la negociación actual”. Estos traslados, que se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad por la garita de San Ysidro en Tijuana, no estarían vinculados al pacto judicial alcanzado por Guzmán López.

Ovidio Guzmán se declara culpable

Este viernes 11 de julio, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos federales ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, entre ellos conspiración para distribuir fentanilo, participación en una organización criminal, lavado de dinero y posesión de armas de fuego relacionadas con el narcotráfico. La jueza Sharon Johnson Coleman aceptó la declaración y programará la sentencia en una fecha aún por definir.

Durante la audiencia, el acusado admitió su rol como dirigente de una estructura criminal transnacional que coordinaba la producción y el tráfico de narcóticos, especialmente fentanilo, hacia Estados Unidos, contribuyendo así a la actual crisis de salud pública en ese país.

Como parte del acuerdo, Guzmán López deberá pagar una multa de 80 millones de dólares y se espera que colabore con las autoridades estadounidenses como testigo, lo que podría derivar en futuras acusaciones contra otros integrantes del Cártel de Sinaloa.

La evolución del caso podría tener importantes repercusiones en la cooperación binacional en materia de seguridad y narcotráfico.

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