El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido objeto de críticas debido a las medidas implementadas en la frontera con México, que han generado controversia y tensión en la región.

Activistas y representantes de organizaciones defensoras de los derechos civiles denuncian que estas políticas están alentando la presencia de grupos de vigilantes privados, quienes patrullan la zona de manera intimidante, generando temor en las comunidades locales.

En una conferencia de prensa reciente, líderes de más de 10 organizaciones civiles se declararon en «estado de alerta y resistencia» frente a la situación en la frontera.

Explicaron que la entrada en vigor de una nueva ley otorga a las autoridades estatales la facultad de detener y deportar a migrantes sin garantizarles el debido proceso, lo que aumenta la preocupación por posibles abusos y violaciones de derechos humanos.

Jessie Fuentes, director de Eagle Pass Border Coalition, advirtió sobre la presencia de milicias y vigilantes en la zona, señalando que la comunidad, especialmente la migrante y latina, se encuentra en un estado de miedo constante debido a estas medidas.

Esta situación ha despertado una alerta generalizada entre los habitantes de la frontera, quienes temen por su seguridad y la de sus familias.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), responsabilizó al gobernador Abbott por cualquier incidente violento contra refugiados, migrantes o miembros de la comunidad.

Recordó el tiroteo ocurrido en 2019 en un supermercado de El Paso, donde la mayoría de las víctimas eran latinos, destacando la gravedad de la situación actual.

Los activistas también expresaron su preocupación por la implementación de la ley SB4, programada para marzo, que convertirá en delito el ingreso irregular al estado y podría resultar en sentencias de hasta 20 años de prisión para los infractores reincidentes.

Temen que esta medida afecte especialmente a las familias mixtas y a la comunidad hispana en general, que constituye un importante porcentaje de la población en Texas.

Además, organizaciones civiles han convocado eventos comunitarios y manifestaciones para informar a la población sobre los riesgos asociados con la implementación de estas leyes y para exigir cambios en las políticas migratorias.

La situación ha generado un llamado de atención a nivel nacional, con críticas dirigidas tanto al gobernador Abbott como a las autoridades federales por su falta de acción frente a estas problemáticas en la frontera.

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