La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, bajo mandato de la ONU, ha presentado un informe histórico que eleva el grado de responsabilidad penal de las autoridades de Moscú. Según el documento, las pruebas recopiladas confirman que la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos no solo constituyen crímenes de guerra, sino crímenes contra la humanidad, debido a su carácter extenso y sistemático.

La investigación, presidida por el jurista noruego Erik Mose, documenta al menos 1,205 casos de menores de entre 11 meses y 17 años que fueron desplazados a zonas bajo ocupación rusa o directamente al territorio del país agresor. El informe resalta la crueldad logística de estas operaciones, al ubicar a menores en puntos geográficos tan remotos como el Ártico o Asia Central. Lo más alarmante para la comunidad internacional es que, según los datos de la comisión, el 80% de estos niños aún no han regresado con sus familias o a su país de origen.

Desaparición forzada como política de Estado

El cambio de categoría jurídica de «crimen de guerra» a «crimen contra la humanidad» es fundamental para la justicia internacional, ya que implica que los traslados no fueron incidentes aislados, sino parte de una política de Estado orquestada desde el Kremlin. La comisión sostiene que las autoridades rusas han incurrido también en el delito de desaparición forzada, al cortar los vínculos de los menores con su identidad y su entorno original, lo que abre la puerta a nuevas acciones legales en cortes internacionales contra los mandos militares y civiles rusos.

Te puede interesar:

Suman más de 1,650 restos de migrantes pendientes de identificación