La larga investigación sobre el que ha sido el mayor escándalo en la historia del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) ha llegado este lunes a su fin. Y las conclusiones han confirmado lo que muchos ya sospechaban: que la infección de gran parte de las 30.000 personas que contrajeron VIH y hepatitis en el Reino Unido en las últimas décadas del siglo pasado, debido al uso a gran escala de productos derivados de sangre contaminada, se podrían haber evitado.

El informe, presentado por el jefe de la investigación, el exjuez Brian Langstaff, concluye además que hubo una política de encubrimiento durante años por parte de altos cargos del Gobierno británico y del NHS.

“[El Gobierno] describió erróneamente la infección de miles de personas con virus mortales como efectos adversos inevitables del tratamiento médico. Pensó desde el principio que nadie podía ni debía ser considerado responsable y que no se había hecho nada malo. Asumió, sin escuchar a los propios pacientes, que los médicos y el NHS no habían hecho nada malo y que se habían explicado los riesgos”, señala Langstaff en el informe, quien apunta a que se priorizó “salvar la cara y evitar gastos” para explicar por qué se encubrió durante años el escándalo, a pesar de que había pruebas suficientes que demostraban que muchos de los responsables conocían los riesgos de estas prácticas.

Importar sangre de EEUU

El servicio de salud británico autorizó el uso de plasma concentrado como tratamiento contra la hemofilia, una enfermedad que afecta a la correcta coagulación de la sangre debido a la ausencia de la proteína Factor VIII. Un nuevo producto fue desarrollado entonces, a partir del plasma de decenas de miles de donantes, para suplir la falta de esta proteína, algo que disparó la demanda de sangre en el Reino Unido en las décadas de los 70 y de los 80. Para cubrir esta demanda, el Gobierno autorizó la importación de sangre desde Estados Unidos, donde apenas había regulaciones y donde los donantes, entre ellos reclusos y personas con drogadicción, recibían compensaciones económicas a cambio de las donaciones.

El Gobierno pondrá en marcha el pago de indemnizaciones para las víctimas y sus familias, cuyo monto total podría ascender a 11.700 millones de euros

La mayoría de las infecciones se contrajeron con productos elaborados con sangre contaminada o directamente a través de transfusiones. En total, se estima que cerca de 3.000 personas han muerto desde entonces, una cifra que sigue aumentando a día de hoy y que ha puesto en pie de guerra a las familias de unos afectados que, en muchos casos, han muerto antes de recibir justicia. «Hubo un intento deliberado de mentir y ocultar; no se trataba de una sola persona, sino de algo sistémico. Esto afecta mucho a lo que pensamos como sociedad y pone en tela de juicio la confianza que depositamos en las personas”, ha dicho el director de la Haemophilia Society, Clive Smith.

«Un día vergonzoso»

El primer ministro, Rishi Sunak, ha reconocido los errores del NHS y de los sucesivos gobiernos en las últimas décadas, incluido el encubrimiento, en un día que ha calificado como “vergonzoso” para el Estado. “Quiero pedir disculpas de todo corazón e inequívocamente por esta terrible injusticia. En primer lugar, pedir disculpas por el fracaso en la política de [donación de] sangre y productos sanguíneos y el impacto devastador en tantas vidas, incluyendo el uso de tratamientos que se sabía o se demostró que estaban contaminados”, ha asegurado Sunak en el Parlamento. El primer ministro también ha pedido disculpas por el “repetido fracaso” del Gobierno y de los profesionales médicos para reconocer el daño realizado, así como la negativa durante años a afrontar el problema.

El Gobierno ha confirmado su intención de poner en marcha cuanto antes el pago de indemnizaciones para las víctimas y sus familias, tal como recomienda el informe. “Pagaremos una indemnización completa a las personas infectadas y a los afectados por este escándalo. Sea cual sea el precio, lo pagaremos”, ha dicho Sunak.

La vía penal, en el aire

Las estimaciones elaboradas por la propia investigación apuntan a un desembolso total cercano a los 10.000 millones de libras (11.700 millones de euros), un dinero que el Gobierno obtendrá a través de préstamos.