A un mes de su apertura, el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, ha registrado al menos 600 deportaciones y enfrenta dos demandas por parte de organizaciones civiles y ambientalistas. El sitio, promovido por el gobernador Ron DeSantis como un “modelo” para futuros centros de detención, ha generado preocupación por presuntas violaciones a derechos humanos, falta de transparencia y riesgos ambientales.

El centro fue construido en apenas una semana sobre un aeropuerto abandonado en una zona pantanosa del suroeste de Florida. Su ubicación, rodeada de caimanes y de difícil acceso, ha sido duramente criticada por activistas que lo comparan con “campos de detención” y denuncian que las condiciones de los migrantes no pueden ser verificadas adecuadamente.

“Este campo en los Everglades es una manifestación del exceso de poder estatal. Se está creando una red de centros de detención sin supervisión clara”, afirmó Jeff Migliozzi, portavoz de Freedom for Immigrants, en entrevista con EFE.

Capacidad creciente y vuelos directos de deportación

Desde su apertura el pasado 3 de julio, la Florida Immigrant Coalition (FLIC) estima que más de 1,000 personas han sido detenidas en el sitio, aunque el gobierno estatal solo ha confirmado 600 deportaciones realizadas mediante vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El centro tiene actualmente capacidad para 2,000 personas, con planes de ampliación hasta 4,000 plazas, según informó la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM). Legisladores demócratas que visitaron el lugar el 12 de julio reportaron haber visto a 750 migrantes recluidos en condiciones precarias, algunos incluso en “jaulas”, según sus declaraciones.

Uno de los principales reclamos es la falta de transparencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, Alligator Alcatraz no aparece en las estadísticas oficiales del sistema migratorio estadounidense, a pesar de que medios y organizaciones ya han documentado su operación.

“Las autoridades federales y estatales parecen eludir la responsabilidad, sin aclarar quién gestiona realmente este centro”, advirtió Long.

Modelo estatal con apoyo federal y demandas judiciales

El gobernador DeSantis ha calificado el centro como un “hub migratorio” que permite deportaciones directas desde la pista aérea del antiguo aeropuerto. En casos donde los migrantes provienen de múltiples países, son trasladados a otros estados para su reubicación antes del retorno a sus países de origen.

Además, la Casa Blanca de Donald Trump —a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— ha confirmado que se estudia replicar este modelo en al menos cinco estados gobernados por republicanos. El DHS proyecta una expansión del sistema de detención migratoria con una inversión de 45 mil millones de dólares hasta 2029, lo que permitiría una capacidad diaria de 116,000 personas detenidas, según el American Immigration Council.

Actualmente, dos demandas formales han sido presentadas contra el funcionamiento de Alligator Alcatraz. Una fue interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) junto con otras organizaciones defensoras de migrantes. La segunda fue promovida por grupos ambientalistas como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

Ambas coinciden en que no existe claridad sobre la autoridad responsable del centro, lo que dificulta tanto el acceso de migrantes a tribunales como la aplicación de regulaciones ambientales. “Es una situación sin precedentes. Hay cientos de personas incomunicadas bajo una figura legal que ni siquiera ha sido definida”, sostiene la ACLU en su demanda.

En paralelo, jueces federales han solicitado información sobre la operación y administración del sitio, mientras organismos humanitarios exigen supervisión internacional ante la falta de acceso a datos oficiales y condiciones verificables dentro del centro.

El caso de Alligator Alcatraz se ha convertido en un nuevo punto de tensión dentro del debate migratorio en Estados Unidos, mientras se perfilan cambios estructurales en la política de detención bajo la actual administración federal.

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