Anula EU prohibición de dispositivos que aumenta cadencia de rifles
14/06/2024 - Hace 2 años en InternacionalAnula EU prohibición de dispositivos que aumenta cadencia de rifles
Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión trascendental este viernes al anular una normativa federal que prohíbe los bump stocks, un polémico dispositivo que aumenta la cadencia de los rifles semiautomáticos convirtiéndolos en armas con características de ametralladoras.
Con una votación de seis a favor y tres en contra, los magistrados han determinado que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) excedió sus funciones en 2018 al redefinir los bump stocks como ametralladoras, prohibidas bajo una ley de 1934 durante la época de la Ley Seca en Estados Unidos. Esta resolución ha generado controversia y ha levantado muchas opiniones encontradas.
El juez Clarence Thomas, en nombre de la mayoría, argumentó que un rifle semiautomático equipado con un bump stock no puede ser considerado una ametralladora. Esta decisión se basa en la legislación de 1934, que se estableció mucho antes de la creación de este tipo de dispositivos.
Estados Unidos elimina prohibición en ciertas modificaciones para rifles
Este fallo de la Corte Suprema tiene su origen en la tragedia ocurrida en Las Vegas el 1 de octubre de 2017, que se convirtió en la peor masacre en la historia moderna de Estados Unidos con un saldo de 58 muertos y más de 500 heridos. En este ataque, la mayoría de los rifles utilizados por el perpetrador estaban equipados con bump stocks, lo que le permitió disparar a una velocidad impresionante de hasta nueve balas por segundo.
Después de este trágico suceso, la ATF reconsideró su postura sobre estos dispositivos. En febrero de 2018, poco después de otra masacre en un instituto de Florida en la que perdieron la vida 17 personas, la administración del expresidente Donald Trump se comprometió a prohibir los bump stocks. En diciembre del mismo año, la ATF anunció que los consideraría como ametralladoras y ordenó a los propietarios que los destruyeran o los entregaran a las autoridades en un plazo de 90 días.
