La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de Perú ordenó el archivo definitivo del juicio por lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori.

El fallo, emitido por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, pone fin a uno de los procesos más mediáticos y complejos de la última década, eliminando la amenaza de una condena de hasta 30 años de prisión para la líder de Fuerza Popular.

El principio de legalidad como eje central

La decisión del juez Wilson Verástegui se fundamenta en la ejecución de una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC). Según el magistrado, los hechos imputados a Fujimori y a su círculo cercano en el denominado «caso Cócteles» —referente al presunto financiamiento irregular de sus campañas presidenciales en 2011 y 2016— carecen de contenido penal.

El argumento jurídico central es el principio de legalidad: el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no existía en el código penal peruano en el momento en que ocurrieron los hechos.

Este cierre del proceso no solo beneficia a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, sino que se extiende a figuras prominentes del fujimorismo como Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper, además de exonerar de responsabilidad penal al propio partido Fuerza Popular.

Giuliana Loza, abogada defensora de Fujimori, celebró la noticia a través de sus redes sociales, afirmando de manera contundente que «no hubo lavado de activos ni organización criminal». La defensa sostuvo en todo momento que el proceso fue fruto de una «clara persecución fiscal» que vulneró el debido proceso al intentar forzar figuras legales que no aplicaban a la realidad de las campañas políticas de esa época.

Por otro lado, el fallo ha generado una fuerte polarización en la opinión pública. Mientras los simpatizantes de Fuerza Popular ven en esta resolución un acto de justicia tras años de litigio, sus detractores señalan que el archivo del caso podría enviar un mensaje de impunidad respecto al manejo de fondos en la política peruana.

Un camino despejado hacia las elecciones de abril

Este blindaje judicial llega en un momento estratégico. Actualmente, Keiko Fujimori se encuentra en plena carrera electoral, llevando adelante su cuarta candidatura presidencial consecutiva. Con el archivo de este caso, la candidata elimina el principal obstáculo legal que pesaba sobre su imagen y su libertad de movimiento.

Sin la sombra de una sentencia de 30 años de cárcel, Fujimori encara las elecciones generales de abril de 2026 con una estructura partidaria fortalecida judicialmente.