En entrevista exclusiva con EFE, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advierte sobre los peligros de la «combinación fatal» entre corrupción y crimen organizado en Ecuador, destacando que esta situación pone en riesgo la democracia del país.

Arévalo, reconocido académico progresista que asumió la presidencia el pasado 14 de enero, enfatizó que los sucesos de «conflicto armado interno» que vive Ecuador son una muestra clara de los riesgos que enfrenta una sociedad cuando la corrupción se une con el crimen.

«La corrupción no es solo una cuestión de mala administración de fondos públicos, sino también una amenaza para la seguridad de un país y para sus instituciones democráticas», afirmó.

Arévalo admite problemas de seguridad en Guatemala

Según Arévalo, esta problemática afecta a muchos países de América Latina, especialmente en Ecuador, y es necesario tomar medidas urgentes para enfrentarla.  Además, señaló que su país también enfrenta desafíos en materia de seguridad ciudadana, pero con características distintas a las de otros países de la región. «El perfil de inseguridad que tenemos es combinado, por lo que es fundamental desarrollar estrategias específicas para abordar cada uno de estos problemas», agregó.

En línea con sus declaraciones, el Ministerio de Gobernación llevó a cabo un megaoperativo en la cárcel de Pavón, el mayor centro penitenciario de Guatemala. La acción contó con la participación de 1.500 agentes de la Policía Nacional Civil y unidades especializadas del sistema penitenciario, con el objetivo de encontrar equipos electrónicos que permiten a las bandas de extorsionistas operar desde dentro de los penales.

Adicionalmente, Arévalo expresó su intención de reforzar el control de las fronteras para frenar las actividades del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y el contrabando sistemático que ingresan al país.

Organizaciones criminales se fortalecen

Las organizaciones criminales de Guatemala, compuestas por exmiembros del Ejército, agentes de inteligencia, miembros activos de la Policía, funcionarios públicos y narcotraficantes, son consideradas unas de las más antiguas y sofisticadas de Centroamérica.

Según InSight Crime, una organización especializada en investigaciones sobre crimen organizado y seguridad ciudadana en las Américas, estas redes de corrupción han fortalecido su control sobre el sistema político y judicial, fomentando la impunidad y facilitando prácticas corruptas.