Filipinas se encuentra consternada después de que una bomba estallara durante una misa católica matutina en la ciudad de Marawi, dejando un saldo de cuatro personas muertas y más de medio centenar de heridos. Este acto terrorista ha conmocionado a la nación, que aún revive el asedio de cinco meses por parte de militantes islamistas en 2017.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, condenó enérgicamente este atentado mortal y culpó a «terroristas extranjeros» por este acto sin sentido. Ante la escalada de violencia, la policía y el ejército han reforzado la seguridad tanto en el sur del país como en los alrededores de la capital.

En medio de esta tragedia, el Papa Francisco se pronunció desde Roma, ofreciendo sus oraciones por las víctimas durante su discurso dominical. Además, en un mensaje escrito, el pontífice apeló a que «Cristo, príncipe de la paz», brinde fuerzas para apartarse de la violencia y vencer todo mal con el bien.

Desde el gobierno filipino, el secretario de Defensa, Gilberto Teodoro, afirmó durante una rueda de prensa que las operaciones policiales «no cesarán» hasta que los responsables de esta actividad terrorista sean llevados ante la justicia. Además, destacó que hay «fuertes indicios de un elemento extranjero» en este ataque, sin brindar más detalles para no perjudicar la investigación en curso.

En el lugar de los hechos, las autoridades recuperaron fragmentos de un mortero de 16 mm, según informó Emmanuel Peralta, un alto cargo de la policía. Estos hallazgos respaldan las sospechas de la participación de grupos terroristas internacionales en este acto.

Es importante mencionar que esta explosión se produjo tras una serie de operaciones militares contra grupos locales pro Estado Islámico en el sur de Filipinas, incluida una ocurrida el domingo en Lanao del Sur que resultó en la muerte de un líder del grupo Dawlah Islamiya-Maute. El grupo Maute, vinculado al Estado Islámico, intentó convertir la ciudad de Marawi en un «wilayat» del sudeste asiático para el Estado Islámico, causando un conflicto de cinco meses en el que perdieron la vida más de mil personas, incluidos civiles.

El país se encuentra en estado de alerta y las autoridades trabajan arduamente para identificar a los responsables de este acto terrorista y garantizar la seguridad de la población.