El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, emprendió una cruzada para lograr la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, con el objetivo de asegurar la estabilidad política y legal en su país. Desde que asumió el cargo en enero, Arévalo busca la forma de remover a Porras, quien es señalada por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción.

En un comunicado oficial, se informó que el gobierno presentó una opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad para cuestionar si Porras cumple con el requisito de honorabilidad que exige la Constitución. Juan Guerrero, secretario general de la Presidencia, señaló que la falta de compromiso de Porras en la lucha contra la corrupción y su presunto intento de ruptura del orden constitucional son motivos suficientes para su destitución.

Arévalo calificó las acciones de Porras como un intento de «golpe de Estado» mientras era presidente electo. A finales de febrero, solicitó a la Corte Suprema que le retire la inmunidad a la fiscal por supuesto incumplimiento de deberes, sin embargo, hasta el momento no ha obtenido respuesta por parte del tribunal.

Porras, de 70 años, fue sancionada por Estados Unidos en 2021, siendo incluida en una lista de personas «corruptas» y «antidemocráticas» con prohibición de ingresar a ese país. La Unión Europea también impuso sanciones en febrero pasado.

El gobierno guatemalteco enfatizó que continúa utilizando los mecanismos legales y políticos a su disposición para lograr la sustitución de la fiscal general. Se espera que la Corte de Constitucionalidad emita un fallo en los próximos días, que podría ser determinante para el futuro de Consuelo Porras en su cargo.