En una acción coordinada por el Gobierno brasileño encabezado por Luiz Inacio Lula da Silva, se ha anunciado oficialmente la petición de extradición de 65 ciudadanos brasileños que se encontraban prófugos en Argentina luego de su participación en el intento de golpe de estado del 8 de enero de 2023.

Esta solicitud de extradición forma parte de una operación de la Policía Federal que busca dar con un total de 208 personas investigadas y condenadas por su participación en dicho intento golpista. Según informes de medios brasileños, se ha revelado que algunas de estas personas escaparon en el año 2024, ocultándose en baúles de vehículos, cruzando a pie por el puente fronterizo o incluso nadando a través del Río Paraná.

De acuerdo a las investigaciones, unas 65 personas fueron ubicadas y detenidas por autoridades argentinas, sin haber pasado por los controles migratorios correspondientes. Estos prófugos fueron identificados en el marco de la operación denominada Lesa Patria, en la cual se reveló que habían solicitado refugio en Argentina para evadir la justicia brasileña.

La Policía Federal ha afirmado que aquellos que han sido detenidos «han desobedecido deliberadamente las órdenes judiciales o han huido a otros países para eludir la aplicación de la ley penal brasileña». Esta acción no solo busca hacer justicia, sino también enviar un mensaje claro a aquellos que intenten socavar el orden democrático en Brasil.

Además, las autoridades continúan trabajando arduamente para capturar a otros 159 condenados o investigados por su participación en el asalto a Brasilia, un episodio en el que simpatizantes de extrema derecha intentaron forzar una intervención militar para reinstaurar en el poder al ex presidente Jair Bolsonaro.

La intentona golpista que se llevó a cabo el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Lula, fue un evento perturbador en el que cientos de seguidores de Bolsonaro atacaron sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia exigiendo su regreso al poder.

Los detenidos ahora enfrentan las consecuencias de haber incumplido con las medidas judiciales impuestas, mientras que los prófugos que escaparon a Argentina están acusados de haber violado su libertad condicional al quitarse el dispositivo de monitoreo electrónico, cambiar de domicilio sin informar a las autoridades o no presentarse a citaciones judiciales.