El gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dado un ultimátum de 72 horas a Meta para explicar sus políticas sobre verificación de contenidos en el país y garantizar la protección de los «derechos fundamentales» de los ciudadanos en sus plataformas.

Ante la «ausencia de transparencia» de Meta, el ejecutivo fijó un plazo de «72 horas para informar al gobierno brasileño cuál es, de hecho, su política para» el país más poblado de América Latina, señaló Jorge Messias, encargado de la defensa legal del Estado.

El anuncio llega después de que Mark Zuckerberg, fundador y director de Meta, anunciara el cese de su programa de fact-checking en Estados Unidos, generando preocupación en varios países, incluido Brasil.

La fiscalía brasileña había establecido un plazo de 30 días para que Meta informara si planeaba implementar estos cambios en el país.

En una llamada telefónica entre el presidente Lula y su homólogo francés Emmanuel Macron, ambos líderes acordaron que «la libertad de expresión no significa libertad de difundir mentiras, prejuicios y ofensas».

Messias resaltó la preocupación del gobierno brasileño y advirtió que adoptarán medidas legales si Meta no responde a tiempo a la notificación extrajudicial enviada.

Brasil ha solicitado a Meta «aclaraciones» sobre el cierre de su programa de verificación de informaciones, así como medidas para prevenir la violencia de género, maltrato infantil, racismo, homofobia, discursos de odio y otros temas de derechos humanos.

La agencia estatal ha señalado que la información falsa y los discursos de odio debilitan la confianza en las instituciones democráticas y perjudican la participación ciudadana en los asuntos públicos.

El gigante tecnológico ha publicado nuevas directrices, lo que ha suscitado preocupación en Brasil. En respuesta, Messias ha afirmado que no permitirán que las redes transformen el ambiente en una masacre digital.

Brasil también exige conocer el nivel de transparencia y diversidad que se implementará en el nuevo programa de verificaciones hechas por los usuarios.

El gobierno brasileño ha dejado claro que todas las empresas que operan en el país deben respetar la legislación y la jurisdicción brasileñas.

Estas medidas se suman a un momento clave en el debate sobre las plataformas digitales, recordando la ocasión en la que la red X fue bloqueada en Brasil por desobedecer órdenes judiciales.

La AFP trabaja con el programa de verificación de contenidos de Facebook en 26 idiomas, y destaca la importancia de mantenerse al margen de los desafíos legales para garantizar un entorno seguro en línea para todos los ciudadanos.

También te puede interesar: