Aunque aún pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembro en el Consejo de la UE, el aplazamiento de un año de la entrada en vigor de la nueva normativa sobre deforestación -prevista para el inicio de 2025- es un hecho, tras la propuesta realizada en esta dirección por la Comisión Europea, que ha accedido a reformular la norma para responder así a las quejas de los socios mundiales y de la industria debido a la falta de preparación para cumplir a tiempo la legislación, y evitar con ello una posible crisis de desabastecimiento de algunos productos.

Como recordarán los lectores de FRS, este reglamento aprobado en junio del año pasado exige a las empresas que vendan en la UE o exporten de otros países a la UE productos derivados de la agricultura y áreas forestales -café, cacao, soja, ternera, madera…- que demuestren que sus cadenas de suministro no contribuyen al desmonte de bosque primario en ningún lugar del mundo, garantizando de forma específica que no provengan de tierras con bosque primario desmontadas después de 2020, es decir, de áreas deforestadas.

La falta de claridad de la norma en algunos aspectos -como los mecanismos exactos para su implantación o los proyectos y programas que permitan a los productores la financiación del proceso de certificación exigido-, así como las repercusiones que su implementación pudiera tener sobre el suministro de estas materias primas y sus precios, o la falta de orientaciones adecuadas por parte de la Comisión para ayudar a las empresas durante la fase de transición han levantado todo tipo de ampollas y críticas desde su nacimiento, y no solo en el entorno comunitario: países como Brasil, Colombia, EEUU, Canadá o Australia, entre ellos, han manifestado sus dudas y reservas sobre la conveniencia de su aplicación en los términos actuales.

REFORMULACIÓN DEL PROYECTO

De esta forma, el pretendido objetivo de Bruselas de combatir la deforestación se había convertido, en vez de en un aliciente, en un sombrío reto sobre el que planeaban muchas dudas y preguntas aún sin respuesta, tanto para los productores como para sus proveedores. De ahí que el Ejecutivo comunitario haya decidido recular para reformular el proyecto, informando en un comunicado este miércoles, 2 de octubre, que «sugiere un período de adaptación adicional de 12 meses, en respuesta a las solicitudes de socios globales».

«Los socios mundiales han expresado repetidamente su preocupación por su estado de preparación, más recientemente en la Asamblea General de la ONU en Nueva York», declaró la Comisión, añadiendo que el nivel de preparación entre los operadores empresariales del bloque «también era desigual».