En una sorprendente revelación hecha por el periódico salvadoreño El Faro, se informó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habría aceptado pactar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México.

El Faro reveló que Bukele, quien todavía se encontraba en el cargo de presidente en 2023, entabló negociaciones secretas con un intermediario del CJNG. El objetivo de estas negociaciones era recapturar a Élmer Canales Rivera, alias «Crook», uno de los altos mandos de la Mara Salvatrucha.

Negociaciones de recaptura

El informe también señala que Canales fue liberado en secreto por el gobierno salvadoreño en noviembre de 2021 como parte de los acuerdos que Bukele habría pactado con la MS-13 y la pandilla Mara 18. El líder pandillero se encontraba condenado a 40 años de prisión y era solicitado en extradición por Estados Unidos.

Según El Faro, el gobierno de Bukele habría estado dispuesto a pagar un millón de dólares al CJNG para que recapturara a Canales y lo entregara en una ubicación secreta. El medio digital afirma contar con audios y mensajes de teléfono que revelarían la participación del gobierno de Bukele en este plan.

Uno de los involucrados en este supuesto pacto sería el inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Según El Faro, Reyes habría estado en conversaciones con traficantes de personas y líderes pandilleros prófugos, ofreciéndoles información de inteligencia, pagando viáticos y otorgando liberaciones a cambio de que negociaran con el CJNG la recaptura de «Crook».

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido ninguna reacción oficial ante estas revelaciones periodísticas.

Bukele restablece la seguridad de El Salvador

Desde marzo de 2022, Bukele implantó un sistema en El Salvador para restablecer la seguridad ciudadana al imponer un estado de excepción con fuerzas militares y policiales, ejecutar arrestos masivos indiscriminados y arbitrarios, efectuar juicios multitudinarios con sentencias en bloque y construir cárceles para 40 mil reclusos.

También mandó encarcelar a más de 70 mil presuntos criminales y logró reducir los homicidios y otros índices de violencia, pero agravó las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a las estructuras estatales de seguridad.