El Estado de California ha presentado dos demandas en respuesta a la orden del presidente Donald Trump sobre retener fondos federales destinados a transporte y preparación para emergencias, debido a la falta de colaboración del estado con su política migratoria.

Esta acción legal es liderada por el fiscal Rob Bonta junto a otros estados demócratas y buscan defender el derecho de los gobiernos locales de no verse coaccionados a utilizar sus recursos en la aplicación de leyes migratorias federales.

Subvenciones en peligro

California recibe más de 15,700 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Transporte, fondos esenciales para el mantenimiento de carreteras y sistemas de transporte en comunidades urbanas y rurales.

Además, el estado recibe alrededor de 20,000 millones de dólares del Departamento de Seguridad Interna para la preparación contra catástrofes y ataques terroristas, fondos que Trump amenazó con retener.

Una batalla legal en curso

La demanda subraya que los fondos en cuestión no tienen vínculo con la aplicación de la ley migratoria, y que el Congreso es quien asigna estos recursos, no el Ejecutivo.

Hay que recordar que durante el mandato de Trump, California aprobó la Ley de Valores que limita la colaboración entre las policías locales y las autoridades de inmigración, consolidándose como un estado santuario.

Un frente unido contra las políticas de Trump

Otros estados, incluyendo Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Maryland, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.

Durante su mandato, Trump ya había enfrentado más de cien demandas legales de California relacionadas con la suspensión de fondos federales.

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