La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este miércoles un proyecto de ley que legaliza la eutanasia, posicionando al país como uno de los pocos en América Latina en avanzar hacia la despenalización de la muerte asistida. La iniciativa, que obtuvo 64 votos a favor de los 99 escaños del órgano legislativo, ahora será enviada al Senado, donde se espera su aprobación antes de fin de año.

La propuesta establece que los adultos con plena capacidad mental, que padezcan enfermedades terminales o incurables que generen sufrimiento físico o psíquico intolerable, puedan solicitar de forma voluntaria y consciente acceder a la eutanasia.

Una enmienda clave introducida durante el debate parece haber sido determinante para obtener el respaldo mayoritario. Esta modificación contempla que, en caso de desacuerdo entre los dos médicos responsables del proceso, una junta médica intervendrá para evaluar el caso, fortaleciendo así los controles clínicos y éticos del procedimiento.

Durante la sesión, marcada por testimonios y argumentos emotivos, el legislador Luis Gallo, del opositor Frente Amplio y uno de los impulsores del proyecto, enfatizó que la iniciativa se centra en respetar la voluntad del paciente.

“El pedido de eutanasia es estrictamente personal; es una expresión de autonomía sobre la vida y el sufrimiento. No se trata de que otros decidan, sino de permitir que quien sufre tome una decisión digna y libre”, expresó Gallo.

La discusión sobre la eutanasia tomó fuerza en Uruguay en 2019, cuando el exdirigente deportivo Fernando Sureda, diagnosticado con una enfermedad degenerativa, llevó el tema a la agenda pública. Su activismo a favor del derecho a morir con dignidad generó amplio respaldo social y político.

Uruguay, que ya ha sido pionero en la región en temas como la legalización del matrimonio igualitario, el aborto y el consumo regulado de cannabis, avanza así hacia un nuevo reconocimiento de derechos individuales en una región mayoritariamente influenciada por valores católicos tradicionales.

Encuestas recientes revelan un respaldo mayoritario de la población a la medida, incluido el presidente Yamandú Orsi.

De ser aprobado en el Senado, Uruguay se sumaría a países como Colombia, Cuba y Ecuador en América Latina, y a otras naciones como Canadá, España y Nueva Zelanda, que han legislado alguna forma de muerte asistida.

El proyecto representa un paso significativo en la legislación bioética de Uruguay y marca un hito en la evolución del debate sobre el derecho a morir con dignidad en América Latina.

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