El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó una ley que prohíbe los tratamientos de reasignación de género en menores de edad y exige a los maestros informar a los padres si sus hijos desean usar un nombre distinto al legal. Esta legislación se une a la de una veintena de estados conservadores que han restringido o prohibido estos tratamientos para niños y adolescentes en los últimos años. La ley fue aprobada a principios de mayo por el Legislativo estatal y entró en vigor inmediatamente tras la firma del gobernador.

La nueva norma prohíbe a los profesionales de la salud realizar cirugías de transición, recetar bloqueadores de la pubertad y supervisar tratamientos hormonales para menores de 18 años. Además, exige que los directores de colegios y maestros notifiquen a los padres si sus hijos quieren utilizar nombres o pronombres que no coincidan con su sexo asignado al nacer. McMaster defendió la ley en redes sociales, afirmando que protege a los niños de procedimientos irreversibles y prohíbe el uso de fondos públicos para tales tratamientos.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó al gobernador, argumentando que la ley impone la voluntad de los políticos en decisiones sanitarias y niega los derechos de los menores trans y sus padres. A pesar de la oposición de organizaciones como la ACLU, la Asociación de Médicos Estadounidenses (AMA) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) respaldan estos tratamientos por considerarlos necesarios para la salud mental de los jóvenes trans, quienes enfrentan altas tasas de depresión, ansiedad y suicidio. Según una encuesta de Grinnell College de 2023, el 53% de los estadounidenses se oponen a la prohibición de la reasignación de género en menores.