En una decisión que consolida la postura más severa del sistema judicial asiático, la Suprema Corte Popular de China confirmó que los delitos de abuso sexual infantil considerados «extremadamente graves» serán castigados con la pena de muerte de manera estricta. La nueva directriz establece un precedente jurídico contundente: aquellos condenados por crímenes de «extrema vileza» no podrán acceder a reducciones de sentencia, conmutaciones de pena ni indultos, cerrando cualquier vía de clemencia legal.

Esta medida responde a una crisis estadística reportada por la Fiscalía Popular Suprema, que documentó el procesamiento de aproximadamente 41,000 personas por delitos sexuales contra menores tan solo en los primeros once meses de 2024. Esta cifra representa más del 60% de la carga penal vinculada a infantes en dicho país, lo que ha llevado al Gobierno a elevar la protección de la integridad física y psicológica de la niñez a una prioridad de seguridad nacional.

El tribunal máximo también ha emitido alertas sobre la sofisticación de los agresores, quienes utilizan plataformas digitales y redes sociales para evadir los controles tradicionales. Aunque China mantiene bajo reserva el número exacto de ejecuciones anuales, organismos internacionales como Amnistía Internacional estiman que la cifra podría ascender a miles. Con este anuncio, el sistema judicial chino envía un mensaje de disuasión explícito, ordenando a los tribunales inferiores aplicar la sanción máxima con rigor absoluto cuando se demuestre crueldad excepcional.

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