El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de apelaciones que bloquee una investigación por desacato iniciada contra el gobierno del presidente Donald Trump, derivada de la no devolución de aviones que transportaban migrantes venezolanos a El Salvador, pese a una orden judicial emitida en marzo.

Además de frenar el proceso, el Departamento pidió que el juez James Boasberg, quien encabeza la investigación, sea retirado del caso, al acusarlo de actuar con parcialidad y de promover lo que calificó como una ofensiva “radical, vengativa e inconstitucional” contra la administración federal.

El conflicto representa una escalada inédita de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y plantea un debate central sobre el alcance de las órdenes judiciales como mecanismo de control frente a decisiones del gobierno en materia migratoria.

El juez Boasberg investiga si el gobierno actuó de mala fe al permitir que al menos 137 migrantes venezolanos fueran trasladados a una prisión de alta seguridad en El Salvador, pese a que había ordenado verbalmente (y posteriormente por escrito) que los aviones regresaran a Estados Unidos.

En una resolución emitida en abril, el juez sostuvo que la administración recibió “amplias oportunidades para explicar o corregir sus acciones”, pero consideró que ninguna respuesta fue satisfactoria, subrayando que la Constitución no permite la desobediencia deliberada de resoluciones judiciales, incluso por parte de funcionarios federales.

La administración Trump niega haber violado la orden, argumentando que la instrucción inicial fue verbal y no quedó asentada de inmediato en un documento oficial. Desde la Casa Blanca y el Departamento de Justicia se sostiene que el juez está excediendo sus atribuciones y vulnerando la separación de poderes.

La fiscal general Pam Bondi acusó públicamente a Boasberg de incurrir en “activismo judicial”, mientras que funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que la investigación se ha convertido en una “expedición de pesca” con testigos innecesarios y un riesgo para el privilegio abogado-cliente.

El juez programó audiencias para los días 15 y 16 de diciembre, en las que está previsto que comparezcan un exabogado del Departamento de Justicia, quien denunció presiones internas para ignorar órdenes judiciales, y una fiscal adjunta que habría transmitido la instrucción del tribunal a otras dependencias.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que decidió no devolver los aviones tras recibir asesoría legal privilegiada, argumento que el juez calificó como insuficiente para descartar un desacato deliberado.

Más allá del litigio puntual, el proceso podría sentar un precedente crítico sobre el respeto a las órdenes judiciales en temas de deportación acelerada y sobre los límites del Ejecutivo frente a decisiones de los tribunales federales.

Boasberg advirtió que la investigación no es meramente teórica, al recordar que los migrantes fueron enviados a un centro penitenciario donde, según informes, habrían sufrido abusos y condiciones severas, sin audiencia previa.

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