Un ciudadano estadounidense de 37 años, Job García, ha encendido la chispa de la controversia al demandar al Gobierno de Donald Trump por un asombroso millón de dólares. Todo surge a raíz de un arresto violento y una detención ilegal a manos de agentes federales de inmigración durante una redada en un estacionamiento de Home Depot en Los Ángeles. La demanda, respaldada por el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), promete ser un referente en la lucha por los derechos civiles.

Los hechos se remontan cuando agentes de inmigración llevaban a cabo una operación en un concurrido estacionamiento de una tienda de construcción en Hollywood. Job García, presenciando cómo los agentes rompían las ventanas de un vehículo para detener a un indocumentado, decidió ejercer su derecho a documentar la situación. Su teléfono se convirtió en testigo mudo de la agresión.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra la cruda realidad de la redada. Se observa a agentes enmascarados rompiendo brutalmente la ventanilla de una camioneta, haciendo volar los cristales. García y otros presentes exigían una orden judicial para los arrestos, mientras el ciudadano continuaba grabando.

Brutalidad y detención ilegal

La situación escaló de forma alarmante. Según la demanda, los agentes de inmigración derribaron a García, lo colocaron boca abajo en el suelo y se arrodillaron sobre su espalda y cuello mientras lo esposaban. Un agente enmascarado le arrebató el teléfono y se lo guardó en el bolsillo, sin que García recibiera ninguna advertencia previa para que se alejara o dejara de grabar.

Lo más indignante es que, a pesar de que los agentes comprobaron en el lugar que Job García era ciudadano estadounidense, lo retuvieron durante más de 24 horas. Este hecho, sumado a la brutalidad del arresto, ha puesto el foco en las acciones de las agencias federales de inmigración.

Job Garcia shared this video he took shortly before his arrest. This is in the parking lot of the Home Depot in Hollywood https://t.co/nOUeVY2tUT pic.twitter.com/aNAghuDvzj

— Brittny Mejia (@brittny_mejia) June 21, 2025

Un ataque a los derechos civiles

La demanda, amparada en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), que cubre actos ilícitos cometidos por empleados gubernamentales, apunta directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los abogados de MALDEF argumentan que los agentes de ICE y CBP restringieron y detuvieron ilegalmente a García «sin ninguna razón válida» para interferir con su libertad y libertad de movimiento.

Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de MALDEF, enfatizó la gravedad del incidente, señalando que «cuando el Gobierno comete una violación generalizada de los derechos individuales de los migrantes, el daño ‘inevitablemente’ se extiende a otros».

Saenz fue aún más allá al describir el caso de García como el de «un ciudadano, actuando al mejor estilo de nuestra democracia, documentó la mala conducta del gobierno para promover cambios en las políticas; fue arrestado y detenido injustamente debido a su raza y sus heroicos esfuerzos».