El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha emitido una alerta sobre el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3.000 personas en Colombia durante las primeras semanas de enero. Estos desplazamientos se deben al recrudecimiento del conflicto armado interno entre grupos armados irregulares en la región del Pacífico.

Según el NRC, los municipios Olaya Herrera y Samaniego, ubicados en el departamento de Nariño en la frontera suroeste de Colombia con Ecuador, son las zonas más afectadas por los desplazamientos forzados. Durante los primeros diez días de enero, los enfrentamientos armados obligaron a más de 3.000 personas a huir de estas áreas. Además, se han reportado desplazamientos masivos en el departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente del país.

Giovanni Rizzo, director nacional de NRC en Colombia, expresó su profunda preocupación por las miles de personas que se encuentran en zonas remotas del país y que se enfrentan a nuevas oleadas de desplazamiento, violencia y confinamientos forzosos. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales para que brinden ayuda a todas las víctimas del conflicto armado.

Según los informes preliminares recopilados por el NRC, en los primeros 15 días de 2024, aproximadamente 10.000 personas se vieron obligadas a permanecer confinadas en sus hogares debido a la escalada del conflicto armado. El departamento del Chocó es el más afectado, con más de 9.000 personas víctimas de desplazamiento desde noviembre de 2023, debido a los enfrentamientos armados y las amenazas de muerte contra civiles por parte de grupos armados.

El municipio Jurado, ubicado en el departamento de Chocó en la costa Pacífica norte, también se enfrenta a una situación preocupante, con más de 1.000 personas obligadas a confinarse.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en 2023, casi 105.000 personas fueron afectadas directamente por el conflicto armado colombiano en 161 eventos de emergencia masivos. Además, la misma cantidad de personas se vieron obligadas a realizar desplazamientos individuales.

A pesar de esta preocupante realidad, se destaca que el gobierno de Gustavo Petro, en su año de mandato, ha logrado importantes avances en materia de políticas y ha demostrado un compromiso proactivo para abordar los esfuerzos humanitarios.

La OCHA advierte que esta tendencia de emergencias masivas y necesidades humanitarias continuará en 2024. Es crucial que se tomen medidas urgentes para proteger la vida de las personas afectadas y brindarles la asistencia necesaria en estas zonas devastadas por el conflicto armado en Colombia.

Entre estas medidas gubernamentales efectivas, están la promoción de «diálogos y ceses del fuego» con algunos grupos armados irregulares, como los acordados con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias FARC, conocidas como «Estado Mayor Central» (EMC-FARC).