El gobierno de Colombia ha lanzado un nuevo programa destinado a pagar a los campesinos que erradiquen sus cultivos de coca, en un esfuerzo por atacar el narcotráfico desde su origen. La iniciativa, promovida por el presidente Gustavo Petro, comenzó en municipios del suroeste del país, como Argelia, donde más de 3.900 familias ya se han inscrito.

A diferencia de las estrategias anteriores, este plan incluye un primer pago de 300 dólares para aquellos que eliminen manualmente las plantas de coca. Esta medida tiene como objetivo frenar la producción de cocaína, que ha alcanzado niveles históricos. En un contexto clave, Estados Unidos está evaluando si continuará considerando a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas.

Una de las familias beneficiadas con el programa es la de Alirio y Nicolás Caicedo, quienes ya han comenzado a erradicar casi dos hectáreas de coca. "Arrancarlas es duro, porque es renunciar a una cosecha segura", reconocen, mientras trabajan con palas en mano en lo que durante años fue su fuente de ingresos. El plan incluye un total de 12 pagos escalonados: el primero por la erradicación de los cultivos y los demás como apoyo para la transición hacia cultivos legales, como café o cacao. El gobierno colombiano tiene la meta de erradicar al menos 45 mil hectáreas en zonas de alto conflicto.

Según datos de la ONU, en 2023 Colombia alcanzó una cifra récord de 253 mil hectáreas dedicadas a la coca, la más alta de su historia. Con esta estrategia, se busca reducir la oferta global de cocaína, que alimenta el narcotráfico hacia mercados como México y Estados Unidos.

Gloria Miranda, directora de la Oficina de Sustitución de Cultivos, informó que el gobierno destinará inicialmente 14.4 millones de dólares para el programa, aunque esa cifra podría aumentar si más familias se unen al proyecto.

Sin embargo, algunos expertos, como Estefanía Ciro, exintegrante de la Comisión de la Verdad, señalan que la iniciativa podría repetir los errores de programas anteriores. Ciro advierte que el plan no aborda el conflicto armado ni el control territorial de los grupos ilegales, lo que podría dificultar la erradicación definitiva de la cocaína. Según ella, sin un proceso de desarme efectivo, el narcotráfico continuará adaptándose.

Este nuevo enfoque de "erradicación voluntaria pagada" se implementa en un momento político delicado, coincidiendo con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que podría influir en la decisión de Estados Unidos sobre si mantiene a Colombia como un aliado clave en la lucha contra las drogas.

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