CDMX.- La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado inicio al juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por presunto incumplimiento de funciones, particularmente por la polémica incursión de la policía en la Embajada de México el pasado 5 de abril con el objetivo de detener al ex vicepresidente Jorge Glas.

Este acontecimiento ha desencadenado un debate sobre la situación de la seguridad en el país, con opiniones divididas entre los ciudadanos y los analistas. Por una parte, el gobierno liderado por el presidente Daniel Noboa ha afirmado que su lucha contra el crimen organizado ha dado frutos, con una disminución del 17 % en las muertes violentas y un aumento significativo en los decomisos de droga durante este año. Sin embargo, los críticos señalan la falta de un plan claro para combatir la delincuencia.

Hernán Reyes, analista de la Universidad Andina, ha expresado su preocupación por la gestión gubernamental en materia de seguridad, afirmando que «el gobierno no tiene un plan para la lucha contra la violencia» y que la población está indignada por la crisis de inseguridad. En una encuesta realizada por la firma Cedatos a finales de agosto, se reveló que la inseguridad, la violencia y el narcotráfico continúan siendo los problemas que más afectan a los ecuatorianos, con un incremento del índice respecto del mes anterior.

Acusan a ministra de incumplir sus labores

Los testimonios de ciudadanos como Martha Almeida y Diego Benalcázar reflejan la percepción de la población en torno a la seguridad en el país. Mientras algunos sienten una ligera mejoría en la situación, otros experimentan de manera directa la violencia en las calles, lo que ha generado un clima de descontento y exigencia de acciones concretas por parte de las autoridades.

El partido opositor Revolución Ciudadana, liderado por el ex presidente Rafael Correa, ha sido uno de los impulsores del juicio político contra la ministra Palencia. Según la legisladora Paola Cabezas, la ministra ha «fracasado» en su lucha contra la violencia y el proceso de juicio político se convertirá en un escrutinio ciudadano para exigir responsabilidades.

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