La médica venezolana Marggie Orozco fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, tras ser acusada de “traición a la patria” por un audio enviado por WhatsApp. Su caso ha desatado una fuerte condena internacional.

Acusaciones de traición tras un mensaje de voz

De acuerdo con organizaciones civiles, Orozco fue señalada por dirigentes chavistas que denunciaron el audio, en el cual presuntamente criticaba al gobierno y cuestionaba la reelección de Nicolás Maduro. La detención ocurrió en agosto de 2024, en medio de un tenso ambiente postelectoral marcado por protestas y denuncias de irregularidades.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que la acusación se basa únicamente en un mensaje donde la mujer llamó a participar en las elecciones del 28 de julio, además de quejarse por la distribución de gas doméstico condicionada al voto. Activistas aseguran que se trata de un caso emblemático de persecución por motivos políticos.

Activistas y ONG denuncian “delito de opinión”

Líderes de la oposición, como la Premio Nobel María Corina Machado, denunciaron que el caso evidencia “la saña del régimen”, al considerar que Orozco enfrenta prisión por expresar inconformidad política. Organizaciones como Libertad a los Luchadores Sociales calificaron la sentencia como una muestra extrema de represión contra la ciudadanía.

En redes sociales, múltiples colectivos humanitarios difundieron la etiqueta #LiberenAMarggie, con la fotografía de la médica y mensajes exigiendo su liberación inmediata. Afirman que el proceso estuvo marcado por irregularidades judiciales, ausencia de defensa adecuada y presiones de actores vinculados al oficialismo.

La familia de Orozco ha mantenido silencio público por temor a represalias, pero defensores de derechos humanos aseguran que está recluida en condiciones severas. Su caso se suma a un creciente número de detenciones por expresar opiniones políticas, según reportes de organizaciones internacionales.

Diversos organismos han solicitado a la comunidad internacional presionar al gobierno venezolano para revisar el caso y garantizar estándares mínimos de justicia. Mientras tanto, la sentencia continúa generando indignación dentro y fuera del país.

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