Una corte de Corea del Sur condenó este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol, de 65 años, a cadena perpetua tras declararlo culpable del delito de insurrección, luego de que decretara la ley marcial en diciembre de 2024.

El fallo fue emitido por la Corte del Distrito Central de Seúl. El juez Ji Gwi-yeon sostuvo que la declaración de ley marcial generó “enormes costos sociales” y subrayó que no se observaron señales de arrepentimiento por parte del exmandatario. Acto seguido, formalizó la sentencia de prisión perpetua, una de las dos penas contempladas por la legislación surcoreana para el delito de insurrección, junto con la pena de muerte.

Según la resolución judicial, Yoon ordenó el despliegue de militares en la sede legislativa con la finalidad de neutralizar a sus opositores. El tribunal concluyó que la intención era paralizar la Asamblea Nacional durante un periodo considerable, lo que configuró el delito de insurrección.

El origen de la crisis

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon anunció en un mensaje televisado la imposición de la ley marcial. Argumentó que la medida respondía a amenazas vinculadas con influencia norcoreana y a la existencia de lo que describió como “fuerzas antiestatales”. En declaraciones posteriores, el expresidente defendió su actuación al asegurar que buscaba “salvaguardar la libertad” y frenar lo que calificó como una “dictadura legislativa” impulsada por la oposición.

No obstante, la medida fue revertida seis horas después, cuando legisladores —con apoyo de manifestantes— lograron superar el cerco de las fuerzas de seguridad y aprobar de forma urgente la anulación del decreto.

La fiscalía argumentó que el entonces jefe de Estado actuó movido por un “deseo de poder orientado a la dictadura y al mando de largo plazo”, y solicitó al tribunal la pena de muerte, la sanción más severa prevista para este delito. Finalmente, el tribunal optó por la condena de prisión perpetua.

Repercusiones políticas y sociales

Durante la audiencia, miles de simpatizantes del exmandatario se congregaron frente al tribunal en Seúl con pancartas de apoyo, mientras fuerzas policiales reforzaron la seguridad para evitar incidentes tras conocerse el veredicto.

El exministro de Defensa Kim Yong-hyun también fue condenado a 30 años de prisión por su participación en la crisis. Otros altos funcionarios enfrentaron sentencias por su papel en la implementación de la ley marcial.

El caso reavivó en la sociedad surcoreana recuerdos de los golpes militares que marcaron al país entre las décadas de 1960 y 1980. Considerada durante años un referente democrático en Asia, Corea del Sur enfrenta ahora uno de los episodios institucionales más graves de su historia reciente.

Previamente, Yoon ya había recibido una condena de cinco años de prisión por delitos menores, en procesos paralelos vinculados a obstrucción de la justicia y otros cargos.

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