Una coalición bipartidista de legisladores en Estados Unidos presentó este martes una nueva versión del Dignity Act, una propuesta de reforma migratoria que combina medidas para reforzar la seguridad fronteriza con la creación de un estatus legal temporal para ciertos migrantes indocumentados que hayan ingresado al país antes de 2021.

El proyecto de ley fue presentado por la republicana María Elvira Salazar (Florida) y la demócrata Verónica Escobar (Texas), quienes destacaron la urgencia de actualizar un sistema migratorio que, aseguran, ha estado “roto durante décadas”. En una conferencia de prensa frente al Capitolio, ambas legisladoras hicieron un llamado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para que se someta a discusión la propuesta.

La iniciativa permitiría que inmigrantes sin documentos que han residido en EE.UU. desde antes de 2021 accedan a un permiso de trabajo renovable de hasta siete años, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos como la revisión de antecedentes, el pago de una multa económica y la obligación de reportarse regularmente ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Aunque el estatus legal no ofrece acceso a beneficios federales ni una ruta directa a la ciudadanía, se perfila como una forma de protección temporal para trabajadores de larga estancia. No está definido aún si incluiría permisos de viaje a los países de origen de los beneficiarios.

Los jóvenes amparados por el programa DACA se verían particularmente beneficiados, pues el proyecto contempla una vía para que puedan acceder a la residencia permanente.

Además de la regularización migratoria, la propuesta contiene medidas estrictas de control fronterizo y laborales. Establece como obligatorio el uso del sistema de verificación de empleo E-Verify, refuerza el sistema de asilo —eliminando la posibilidad de que los solicitantes permanezcan en EE.UU. mientras esperan resolución— y actualiza las categorías de visas para ajustarlas a las necesidades laborales actuales.

“Es una propuesta revolucionaria. Ofrece seguridad fronteriza, frena la inmigración ilegal y da una oportunidad a quienes han trabajado durante años en este país”, señaló Salazar.

Escobar, por su parte, sostuvo que el Dignity Act representa un “compromiso realista y sensato” con posibilidades de ser aprobado, e instó a legisladores de ambos partidos a respaldarlo. “Debemos tomarnos este momento con seriedad. Es nuestra obligación encontrar una solución”, dijo.

Aunque el proyecto ha sido presentado en años anteriores sin éxito, esta nueva versión se distingue porque estaría completamente financiada por cuotas y pagos de los propios solicitantes, sin requerir recursos públicos.

La propuesta llega en un momento tenso para la política migratoria estadounidense. El gobierno del expresidente Donald Trump ha intensificado las redadas migratorias y, tras la reciente aprobación presupuestaria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en la agencia de seguridad con mayor presupuesto del país. Algunos analistas interpretan el impulso de esta iniciativa legislativa como una respuesta directa al endurecimiento de la política migratoria federal.

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