En una jornada marcada por la tensión política y el debate sobre la neutralidad institucional, el Congreso de Costa Rica decidió mantener la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. Con esta resolución, el mandatario esquiva un proceso judicial que no solo amenazaba su permanencia en el cargo, sino que ponía en jaque su legado a las puertas de los próximos comicios.

Una votación dividida: El número que salvó al Presidente

Pese a que la moción para levantar el fuero presidencial contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores presentes, el resultado final favoreció a Chaves debido a las estrictas reglas del procedimiento parlamentario.

La votación cerró con 35 votos a favor y 21 en contra. Sin embargo, para que la solicitud prosperara, la ley costarricense exige una mayoría calificada de 38 votos. Al no alcanzarse esa cifra crítica, el presidente mantiene la protección legal que impide que sea juzgado penalmente mientras esté en funciones.

«No existen los elementos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Chaves», declaró Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, tras oficializar el conteo que sepulta, por ahora, las intenciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

¿De qué se le acusa? La sombra de la «beligerancia política»

El origen de este conflicto legal proviene del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), máximo órgano electoral del país. El TSE inició una investigación contra Chaves bajo el cargo de beligerancia política, un término jurídico que prohíbe a los funcionarios públicos en ejercicio abandonar su neutralidad para influir en procesos electorales.

Según el expediente del TSE, el mandatario habría utilizado actos oficiales para:

1. Atacar directamente a líderes y partidos de la oposición.
2. Influir en la intención de voto de cara a las elecciones del 1 de febrero de 2026.
3. Llamar al voto directo por una «mayoría de diputados patriotas» que faciliten sus reformas estatales.

De haber prosperado el levantamiento de inmunidad, Chaves se enfrentaba a sanciones severas que iban desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la destitución inmediata.

El rechazo a la moción no solo vino de la bancada oficialista. Otros sectores, como el Partido Nueva República, jugaron un papel decisivo en el bloqueo. Su líder, Fabricio Alvarado, fue contundente al calificar el proceso como un error estratégico del tribunal electoral.

Para Alvarado, esta persecución legal ha funcionado como un bumerán, convirtiéndose en un «circo» que, lejos de debilitar al Ejecutivo, ha servido para elevar la popularidad de Chaves y de su partido afín en las encuestas recientes.

El futuro inmediato: Un país en campaña

Con el mandato de Rodrigo Chaves finalizando en mayo de 2026, esta victoria legislativa le permite terminar su periodo sin la distracción de un juicio de destitución. No obstante, el clima de polarización en Costa Rica parece agudizarse.

Mientras el oficialismo celebra lo que consideran una defensa de la voluntad popular, la oposición advierte sobre un posible debilitamiento de la institucionalidad electoral si se permite que el Ejecutivo intervenga activamente en la contienda por su sucesión.