El Tribunal Constitucional surcoreano consideró hoy jueves que la ley de emisiones del Gobierno no protege los derechos básicos de los ciudadanos al no establecer metas claras sobre volúmenes de reducción a partir de 2031.

Los nueve magistrados de la corte consideraron por unanimidad que la ley de neutralidad de carbono no presenta ningún objetivo cuantitativo de reducción de gases de efecto invernadero para el período que va de 2031 a 2049 y que eso vulnera los derechos básicos de los surcoreanos.

La norma, aprobada por el actual Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol en 2023 establece que los niveles de gases contaminantes deben haberse reducido en no menos de un 35 % para 2030 con respecto a los niveles de 2018.

Gobierno debe lograr que la Asamblea Nacional

A raíz del fallo, el Gobierno debe lograr que la Asamblea Nacional (Parlamento) apruebe antes del 28 de febrero de 2026 una revisión de la nombra que establezca objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones para la próxima década.

La decisión del Constitucional surcoreano, la primera de este tipo en un país asiático, llega en respuesta a una demanda planteada por un grupo de unas 200 personas, que incluye desde activistas ambientales a menores de edad, que denunciaron como insuficiente la ley.

Por otra parte, el Constitucional ha desestimado la parte de la demanda que también consideraba que los objetivos planteados por el Gobierno hasta 2030 eran insuficientes para velar por la salud de la población y el planeta y vulneran los derechos de los surcoreanos.

Corea del Sur se cuenta entre los diez mayores emisores de dióxido de carbono del mundo y el cuarto en emisiones de gases contaminantes per cápita de entre los países de la OECD.