En medio de una creciente controversia, la Asociación de productores de Carne de Perro de Corea del Sur organizó este jueves una manifestación en Seúl en rechazo a la próxima entrada en vigor de la ley que prohíbe la cría, matanza, distribución y venta de carne de perro para consumo humano en el país asiático.

Según cifras del Gobierno surcoreano, aún existen aproximadamente 1,150 explotaciones que crían perros para consumo humano, 34 matarifes, 219 distribuidores y unos 1,600 restaurantes que incluyen platos con carne de perro en sus menús.

Esta práctica, si bien ha ido disminuyendo en las últimas décadas debido al aumento en la tenencia de mascotas en los hogares surcoreanos, sigue siendo una fuente de conflicto en la sociedad.

La ley, aprobada por el Parlamento en enero del 2023, establece un periodo de gracia de tres años para que los productores puedan ajustarse a la normativa, pero algunos miembros del sector se sienten descontentos con las medidas de apoyo ofrecidas por el Gobierno para realizar esta transición.

Durante la protesta, los productores de carne de perro exigieron condiciones más favorables para cerrar sus negocios, cambiar de actividad económica y vender los perros restantes. Criticaron que el Estado les esté obligando a presentar un plan de cese de actividades sin ofrecer garantías ni derechos a los trabajadores afectados.

Sin embargo, la norma estipula que el Estado proveerá subsidios para ayudar a aquellos involucrados en la industria de la carne de perro para que se involucren en nuevas actividades económicas, aunque esto no basta para el sector.

“De acuerdo a la ley, tendremos que cerrar en febrero de 2027, pero no se nos han ofrecido condiciones como medidas razonables para apoyar el cierre de nuestros negocios, cambiar de trabajo y vender los perros restantes”, mencionó uno de los representantes de la asociación en declaraciones a los medios locales.

Además, la asociación presentó una petición ante la justicia surcoreana para revisar la constitucionalidad de la ley, argumentando que esta vulnera la libertad de los trabajadores para elegir su profesión y la de los consumidores para decidir qué alimentos consumir.

Con la implementación completa de la ley en 2027, se establecen penas de hasta dos años de cárcel o multas de hasta 30 millones de wones (más de 22,000 dólares) para los infractores.

A pesar de que el consumo de carne de perro ha disminuido considerablemente en Corea del Sur, y la mayoría de la población nunca ha probado este alimento, la tradición aún persiste en ciertos sectores de la sociedad.

La entrada en vigor de esta nueva normativa marca un hito en la lucha por los derechos de los animales en el país, pero también genera tensiones entre los defensores de la tradición culinaria y los activistas por el bienestar animal.

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