La Corte Suprema de Brasil decidió este lunes mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, detenido el sábado tras dañar la tobillera electrónica que supervisaba su arresto domiciliario.

El fallo se oficializará a las 20:00 horas locales, cuando concluya la sesión judicial donde los magistrados deliberan sobre la violación del monitoreo que desencadenó su traslado inmediato.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, luego de perder las elecciones presidenciales de 2022.

Violación del monitoreo y argumentos judiciales

El exmandatario cumplía arresto domiciliario desde agosto en Brasilia mientras agotaba recursos legales, cuyo plazo final para presentar apelaciones se cumple este mismo lunes.

El magistrado Alexandre de Moraes sostuvo que Bolsonaro “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”, según un documento divulgado en la sesión extraordinaria realizada de forma virtual.

Los otros tres jueces de la Primera Sala respaldaron la resolución de Moraes, subrayando la gravedad del daño provocado y la evidente desobediencia al régimen carcelario impuesto.

Moraes indicó que existían “gravísimos indicios de un eventual intento de fuga”, presuntamente programado para el sábado durante una manifestación convocada por uno de los hijos del expresidente.

Recordó que la embajada estadounidense se encuentra cercana a la residencia de Bolsonaro y señaló su histórica afinidad política con el expresidente Donald Trump, aumentando sospechas.

Declaraciones, defensa legal y alegatos médicos

Un video difundido muestra a Bolsonaro admitiendo ante autoridades que utilizó “un soldador” para intentar abrir la tobillera, argumentando que lo hizo únicamente por “curiosidad”.

Durante la audiencia de custodia realizada el domingo, Bolsonaro afirmó que experimentó “paranoia” debido a medicamentos y que sufrió “alucinaciones” sobre supuestos dispositivos de escucha en el aparato.

Su defensa pidió restituir la prisión domiciliaria alegando un “cuadro de confusión mental” derivado de fármacos usados para tratar crisis de hipo persistentes tras la puñalada recibida en 2018.

Los abogados señalaron un deterioro de salud del exmandatario, insistiendo en que su permanencia en prisión podría agravar complicaciones médicas vinculadas a secuelas físicas aún presentes.

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